Colectivos, organizaciones, instituciones y activistas expresaron su condena y repudio al hostigamiento que sufrió la Casa de la Mujer en Santa Cruz, en el marco del paro cívico, por lo cual demandaron otorgar garantías para el desarrollo de su trabajo.

Los pronunciamientos aparecieron con letreros que contienen mensajes de odio y amenazas en la infraestructura de la Casa de la Mujer, que es una organización que desde hace más de tres décadas se dedica a la atención integral y patrocinio jurídico a víctimas de violencia.

Según la Defensoría del Pueblo, quienes cometen el hostigamiento acusaría a la Casa de la Mujer de una parcialización política por no acatar el paro instruido por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. 

Un pronunciamiento de redes, colectivos, organizaciones y activistas repudió que se busque amedrentar, restringir o impedir el trabajo de instituciones defensoras de derechos humanos, recordando que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social debe desarrollarse sin afectación a otros derechos.

Exhortaron también “a la sociedad y opinión pública a deponer actitudes antidemocráticas” y rechazaron “la desinformación, discursos de odio y desprestigio que puedan afectar la legitimidad del trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos”.

Asimismo, respaldaron la labor de la Casa de la Mujer y se solidarizaron ante los ataques que ha recibido.

La Defensoría del Pueblo rechazó también los actos de hostigamiento a la Casa de la Mujer y recordó “la violencia contra la mujer no tiene afinidad política y que los diferentes servicios que garantizan la prevención, atención, protección y sanción penal en casos de violencia contra la mujer no pueden estar supeditadas a exigencias o autorizaciones políticas”.

Recordó que es un deber de los Estados evitar el que se incrimine públicamente a un defensor, defensora u organización defensora de derechos humanos.