AGENCIA DE NOTICIA AMBIENTALES

Sorpresa e indignación causó en la ciudadanía paceña, movimientos ambientalistas y funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 0076/2023 (TCP) que anula la Ley departamental 98 de Santa Cruz respecto a la potestad de las gobernaciones sobre la creación y administración de áreas protegidas en su territorio, quienes calificaron al hecho como un antecedente funesto para la biodiversidad, más allá de su legalidad o ilegalidad.

Asimismo, especialistas relacionados a la temática medioambiental observaron que en ello existe una “contraposición de derechos constitucionales” a tiempo de considerar que al haberse ya establecido esas áreas protegidas y estar reconocidas como tales por la sociedad boliviana, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene la obligación de elevar a rango de ley todo ello.

“…entonces ya se han establecido como áreas protegidas y son reconocidas como tales por la sociedad boliviana, bajo este principio el Estado y en este caso la ALP tienen la obligación de elevar a rango de ley (nacional) de Estado todo esto. Y ahí es donde entramos como sociedades, entran los municipios, de hacer una presión suficiente para que se eleve a rango de ley ya que les han quitado esa potestad…”, se refirió el abogado Vladimir Muñoz en un evento ambientalista desarrollado en las últimas horas.

Un antecedente funesto, más allá de lo legal o ilegal

A su vez, Eduardo Galindo, secretario Municipal de Gestión Ambiental y Energías Renovables del municipio de La Paz, a tiempo de aclarar que la alcaldía paceña aún no tiene una posición institucional al respecto, estimó que más allá de la legalidad o ilegalidad de la sentencia 0076/2023 del TCP, éste se torna en un antecedente funesto para la creación y preservación de las áreas protegidas en todo el país, por lo que ello no deja de ser preocupante.

“Eso no le quita que sea un antecedente funesto para todo el activismo y para todo el tema ambiental en el país, porque lo que nosotros queremos asegurar es la supervivencia de las áreas protegidas de nuestro país, y si eso va restarle a la fortaleza pues es definitivamente de preocupación nuestra”, manifestó el alto funcionario a tiempo de destacar el carácter funesto de la sentencia del TCP.

¿Legal? OK, pero ¿y qué?, tenemos que asegurar que el nivel central, el nivel departamental y el nivel municipal puedan tener capacidades de protección de la biodiversidad (…) Esta es un poco mi opinión, no es opinión del gobierno municipal de La Paz, dado que este es un tema muy nuevo, no tenemos una opinión institucional, pero yo me voy a ese lado, de que no importaría, digamos, creo que la discusión debería centrarse no en la legalidad, sino en lo funesto que puede ser eso para la protección y el resguardo de la biodiversidad en nuestro país”.