AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

En carta dirigida al presidente Luis Arce, los guardaparques de áreas protegidas de nivel nacional le solicitan fijar hora y fecha para una audiencia con esa autoridad, a objeto de presentar documentación respaldatoria de las denuncias que efectúan sobre agresiones al cuerpo de protección y pedirle que instruya a las Fuerzas Armadas cumplir leyes y resoluciones judiciales que determinan su apoyo a las reservas naturales.

Otra solicitud al presidente Arce es la de instruir que la Contraloría General del Estado realice una auditoría al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Finalmente, en caso de no ser atendidos favorablemente, advierten con la asunción de medidas que por derecho les corresponden como cuerpo de protección de las áreas protegidas.

Las solicitudes que contiene la carta firmada por más de cuarenta guardaparques que velan las áreas protegidas en todo el territorio nacional, apelan al artículo 9 del Acuerdo de Escazú ratificado por Bolivia (Ley 1182) que establece la obligación de promover el libre acceso a información ambiental contenida en concesiones, convenios, contratos, resoluciones y otros que involucren uso de bienes públicos.

Guardaparques procesados y autoridades que les piden dinero

En el marco del detalle de las denuncias, la carta cita el caso en el que dos guardaparques del Parque Madidi (Raúl Santa Cruz y Marcos Uzquiano) son sujetos de una acción penal efectuada por un minero cooperativista (Ramiro Cuevas) al que impidieron ingresar con maquinaria a explotar oro en un área protegida.

Otro punto de los antecedentes hace referencia a que el MMAyA así como ejecutivos del Sernap no proveen de beneficios legítimos ni de materiales indispensables a los guardaparques para que cumplan su labor, coartándoles inclusive el que sean beneficiarios de donaciones destinadas a ese cuerpo de protección, provocándoles inestabilidad e inseguridad laboral.

El documento también enfatiza en que las autoridades designadas para las direcciones ejecutivas del Sernap, del INRA, de la ABT y del MMAyA carecen de formación, capacidad y aptitud para esos cargos al desconocer en los hechos la importancia de las áreas protegidas para toda forma de vida, como en el caso de su rol trascendental en el ciclo del agua.

“Estos servidores públicos no cumplen las disposiciones jurídicas aplicables para la contratación de directores de Áreas Protegidas y autorizan la ejecución ilegal de actividades en áreas protegidas e inclusive nos piden dinero para continuar en nuestros cargos”, reza el texto de la carta.

Otro hecho que motiva la misiva refiere las permanentes agresiones físicas y verbales que sufren los operadores que amparan las áreas protegidas por parte de actores relacionados con actividades ilegales (mineros, madereros, avasalladores, traficantes de droga y fauna silvestre, etc.), quienes pese a solicitar el auxilio de la fuerza pública y el ejército, recibieron negativas de apoyo. (VLM)