AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Los representantes de dos empresas que encabezan la lista de las mayores importadoras del mercurio a Bolivia, por los importantes volúmenes de la sustancia tóxica que manejan para la explotación del oro, están investigadas en el vecino país, Perú, por sus sociedades con Antenor Alexis Luque Chuquija, el «Chapo del mercurio», y hasta uno de ellos utiliza identidad y nacionalidad falsas.

Ser uno de los importadores más relevantes en el contexto hemisférico de mercurio, otorga facilidades indiscutibles a delincuentes y organizaciones criminales para apostarse en Bolivia y de esta manera operar no solamente en actividades mineras ilegales, sino también, legitiman capitales mediante la “importación legal y formal” de mercurio al país. Tal es el caso de la empresa «A&F Futuro SRL» una de las empresas que se ha hecho del monopolio del mercurio en el país, junto a otras que hacen un puñado de poder económico.

La mencionada empresa comercial representada por un “próspero empresario” identificado con el nombre de Álex Machaca Tapia -con cédula de identidad boliviana No 5946039- se encuentra habilitada para importaciones ante la Aduana Nacional.

A&F Futuro S.R.L, sociedad de responsabilidad limitada, se dedica a la importación y exportación, compra, venta, fabricación, producción, presentación y distribución de toda clase de productos relacionados y utilizados en la industria minera, adicionalmente la sociedad podrá dedicarse a la administración de franquicias y/o gerencia de personas nacionales y extranjeras, operaciones y servicios derivados y/o relacionados con las actividades afines como la importación y exportación de maquinaria minera, industrial y comercial en general.

Sin embargo, de acuerdo a información desde Perú, su representante posee una identidad falsa, ya que conforme a los datos oficiales, este ciudadano es en realidadAlipio Machaca Capia, de nacionalidad peruana con número de DNI: 47519341.

Machaca Capiaes a su vez investigado en Perú por la Fiscalía, por el presunto delito de “lavado de activos y pérdida de dominio”.

Las mafias del mercurio

Ante la pasividad del Estado boliviano por el control no solamente del mercurio, sino también de las actividades de bandas criminales transnacionales, el país se ha convertido en el centro de operaciones de mafias destinadas a camuflar sus identidades, legitimar capitales y de realizar importaciones de mercurio que después serán trasladadas a Perú, Colombia, Brasil y Ecuador -vía contrabando- para la ejecución de actividades mineras ilegales.

El abogado peruano Manuel Zapata, especialista en delitos ambientales, identificó el 2022 “una presunta complicidad de parte del Estado boliviano en el tráfico del mercurio hacia su país”. Observó entonces que Bolivia no corrige las debilidades institucionales de las entidades públicas encargadas de evitar el tráfico de sustancias controladas en las fronteras, en el marco de la ejecución del Convenio de Minamata.

De acuerdo con los datos de importación irrestricta de mercurio de la Aduana Nacional en el periodo 2018 – 2022, la empresa A&F Futuro SRL importó un total de 41,7 toneladas de mercurio, de un total de 233.261. A la cabeza de la lista se encuentran Paloan SRL con un total acumulado entre 2018 y 2022 de 199.9 Tn, seguido de Juan Orihuela Mamani (suspendido) con un total acumulado en el mismo periodo de 71,2 Tn.

Las empresas como Paloan SRL, y A&F Futuro SRL, son las más llamativas, ya que estas realizaron importaciones en volúmenes extremadamente altos y sin ningún tipo de restricción administrativa por parte de la Aduana Nacional en el periodo mencionado. Sin que ello fuera suficiente, estas empresas así como sus socios y representantes legales, se encuentran envueltos en investigaciones criminales en Perú.

Es así, que la empresa “Paloan SRL”,  y su representante legal, Álvaro Javier  Carrillo Álvarez se encuentran estrechamente relacionados con el denominado “Chapo del Mercurio”, tal como denominan los medios de comunicación del Perú a Alexis Luque Chuquija.

Alipio Machaca Capia y Álvaro Javier Carrillo Álvarez han sido investigados en Perú por la importación de mercurio para la minería ilegal, entre otros, lo cual no ha sido advertido por las instituciones nacionales, ni las sinergias delincuenciales.

Ya, el 2014, desde Perú se advertía que “El Chapo del mercurio”, Antenor Alexis Luque Chuquija y su socio Luis de la Fuente junto a sus testaferros Felipe Ricardo Gamboa Cavenecia y Álvaro Javier Carrillo Álvarez Calderón burlaban el control de las autoridades y del Gobierno peruano. Con su empresa Galman Corp SAC identificada con RUC 20550285917 importaban ingentes cantidades de mercurio por sumas millonarias, que luego se destinaban a la minería ilegal, por tanto, exento del pago de impuestos.

El uso de documentos oficiales con identidades ficticias para proteger a presuntos delincuentes que fomentan la minería ilegal y otorgarles protección y hasta prerrogativas en el país, son condiciones que se van naturalizando en algunas instituciones del Estado, y la demostración de aquello se da con la actuación continua y permanente de cabecillas de organizaciones criminales en actividades formales y legales en Bolivia.

El Departamento de Inteligencia Aduanera de la Aduana Nacional, según expertos en minería aurífera, debiera responder por qué permitió a Alipio Machaca Capia la importación más de 43 toneladas de mercurio en el periodo 2018-2022, sin contar con un control o fiscalización para el efecto.  

Las actividades mineras ilegales, así como otras actividades ilícitas conexas, vienen acentuando las dimensiones de crecimiento de bandas criminales u organizaciones criminales, que además de generar amenazas y riesgos, tienen un crecimiento acelerado al momento de lucrar a través de estas actividades ilícitas, según el especialista en la lucha contra la minería ilegal, Jaime Cuellar.

El flagelo económico ocasionado al Estado, por las acciones de minería ilegal, ligada a su vez a delitos conexos, se ha constituido en uno de los más grandes problemas, que afecta de forma progresiva a la convivencia, seguridad, medioambiente y economía del Estado, generando este hecho trascendencia local y regional.

Según el jurista especializado, esta problemática debe ser abordada en su integralidad, considerando pertinente contribuir mediante marcos normativos integrales para la lucha frente a este fenómeno que permita el planteamiento y establecimiento de alternativas de acción dirigidas a ejercer un control más efectivo.

“La minería ilegal en Bolivia durante las últimas décadas ha logrado generar un circuito económico ilegal de carácter transnacional cuya influencia en toda Sud América no ha sido la excepción, sin duda este ilícito viene generando repercusiones de gran magnitud en la economía, la sociedad y el medio ambiente del país”, señala.

En esa línea Cuellar observa que los recursos minerales son extraídos ilegalmente sin control y acaban en mercados y centros financieros a través de rutas y mecanismos de intercambio que ya en esa instancia dificultan su trazabilidad y la propia capacidad de los sistemas formales de comercialización para determinar el origen ilícito, este es un sistema delictual el cual debe ser analizado y posteriormente intervenido.

El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini, autor del libro “El Negocio del mercurio en Bolivia” advierte que el decreto supremo 4959 que plantea medidas para el seguimiento de la importación o exportación de mercurio en Bolivia, no fija restricciones ni condiciones específicas para el ingreso de este metal tóxico al país, menos aún aborda su problemática y principal importador ilegal de mercurio en todo el mundo y en el mayor proveedor ilegal de esta sustancia tóxica a los países vecinos.

Considerando que esta propuesta de norma elaborada por el propio Órgano Ejecutivo concertando entre sus ministerios de Medio Ambiente y Agua, Minería y Metalurgia y Economía fue rechazada, no en una, sino en tres ocasiones: el 31 de octubre de 2019 (gestión de Evo Morales), 30 de abril de 2020 (Gestión de Jeanine Áñez) y junio de 2021 (Gestión de Luis Arce), siendo el principal argumento de dicho rechazo el desacuerdo del sector minero.

En este sentido, considera necesario analizar con mayor profundidad la situación actual del mercurio en Bolivia y si con esta norma alcanza esta problemática o no, siendo además el país el mayor importador del mercurio a nivel mundial, con más de 200 toneladas al año.

Con la aplicación del DS 4959, según Campanini, ya no tendría que existir argumento burocrático para justificar la falta de control por parte del Estado a las importaciones de mercurio.

Sin embargo observa que al momento, la Ley General de Aduanas restringe la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el medioambiente, la salud y vida humana, animal o contra la preservación vegetal, la Ley 759 ratifica el Convenio de Minamata, mientras que el DS 24176 reglamenta actividades con sustancias peligrosas.

Campanini señala que el DS 4959 no aborda el contrabando del mercurio, ya que no establece mecanismos para el control de su comercio y tranzabilidad, pues “el solo registro de quienes lo importan no es suficiente”.  Y es que no se conoce en detalle los canales de comercio y transporte desde que ingresa a Bolivia hasta que sale de las fronteras.

El investigador da cuenta de las rutas del contrabando del mercurio desde Bolivia. “Un primer barrido de información de comercio de mercurio en el continente evidencia que, mientras todos los países de Sudamérica disminuyeron significativamente o prácticamente eliminado su importación, Bolivia se posiciona como el principal importador de Latinoamérica con el 81,5% de total de la región, y el 12,3% a nivel mundial”, cita.

Considera que, para hacer seguimiento a los comercializadores, las autoridades de Bolivia deberían haber puesto el ojo al rol de los importadores peruanos que constituyeron empresas en su país y ver sus antecedentes.

Investigación desde Perú

El medio digital especializado en investigación Ojo Público de Perú, evidenció que entre 2013 y 2014, tres ciudadanos peruanos —entonces investigados por las autoridades aduaneras por abastecer de mercurio a la minería ilegal de Puno y Madre de Dios— establecieron dos empresas en Bolivia: Paloan SRL y A & F Futuro SRL.  Se identificó que ambas compañías se dedicaron, por lo menos hasta 2021, a la compra del insumo químico, cuya comercialización en Perú se encuentra restringida desde 2017, por un tratado internacional, referido al Convenio de Minamata.

En contraste, señala que la escasa regulación boliviana ha permitido que toneladas de este producto —proveniente de México, Rusia e India— ingresen por contrabando, desde Bolivia, a territorio peruano y se usen para la extracción ilegal de oro.

Previo a la vigencia del Convenio de Minamata, las personas naturales y jurídicas peruanas podían importar mercurio sin mayores restricciones, a pesar de que este insumo también abastecía a la extracción ilícita de oro. 

Entre 2010 y 2013 —antes de la suscripción del tratado—, la empresa peruana A & F Qhuya S.A.C. destacó por acumular cerca de $us 4.000.000 en compras de azogue proveniente de México y Estados Unidos, principalmente. 

Esta compañía, con sede en Lima y dada de baja a inicios de 2019, registraba como gerente general a Luis Felipe De la Fuente Rodríguez. Sin embargo, según las pesquisas de las autoridades aduaneras de la época, el dueño real era Antenor Alexis Luque Chuquija, un empresario puneño bajo sospecha de ser proveedor de mercurio para mineros ilegales de Madre de Dios y Puno.

Luque Chuquija figura en la actualidad como gerente en A.L. Copacabana EIRL, una empresa sin número de trabajadores declarados y con sede en la ciudad puneña de Juliaca. Entre 2017 y 2018, A.L Copacabana EIRL exportó más de $us 93.000.000 de oro en barra, con destinatarios finales en India y Emiratos Árabes Unidos. No hay más registros de salida de oro, según datos oficiales de la aduana peruana. 

A.L. Copacabana EIRL, con actividades desde 2017, también está incluida en un edicto judicial de 2020 por una demanda de extinción de dominio, donde se mencionan barras de oro y al propio Luque Chuquija. Estos procesos se presentan cuando el Estado exige los bienes de una persona por haber sido adquiridos con dinero proveniente de actividades ilegales o usados en hechos delictivos.

Asimismo, Luque Chuquija figura en estado suspendido en el listado de mineros en vías de formalización del Ministerio de Energía y Minas de Perú. En esa misma situación aparece su hermano, Arsenio Alejandro Luque Chuquija. De acuerdo al sector, encontrarse en este estado significa que no se ha cumplido con los requisitos exigidos y, por lo tanto, no pueden desarrollar actividades de extracción de mineral. 

En 2012, previo a la ratificación del Convenio de Minamata, se constituyó Galman Corp SAC, otra empresa que registra importaciones de mercurio a Perú. La compañía, con sede en Lima, compró más de USD 3’400.000 del insumo tóxico, desde su creación hasta 2015. 

A la fecha, Galman Corp S.A.C. tiene su inscripción suspendida en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Ante esta entidad también declaró tener sucursales en las regiones mineras de Arequipa, La Libertad y Puno. 

En su momento — teniendo en cuenta sus importaciones de azogue—, las autoridades aduaneras vincularon a Galman Corp S.A.C. con Antenor Alexis Luque Chuquija, aunque la empresa tenía como socio fundador a Álvaro Javier Carrillo Álvarez Calderón. En sus redes sociales personales, este último se presentaba como gerente comercial de la compañía, entre 2012 y 2015. 

Ojo Público contactó a la Sunat para conocer el estado de las investigaciones que involucraron a los personajes mencionados. La entidad indicó que la situación actual era “competencia del Ministerio Público” y que, en caso esta instancia les solicite información, se encuentran facultados a proporcionarla “preservando reserva de la información tributaria y la protección de datos personales”. 

En paralelo, Luis Felipe De la Fuente Rodríguez, exgerente general de A & F Qhuya S.A.C., aseguró a este medio que la indagación de las autoridades aduaneras fue “archivada” porque presentaron una serie de documentos para demostrar a quiénes vendían y compraban el mercurio. 
Mientras eran investigados en Perú, las actividades empresariales de Carrillo Álvarez Calderón, Luque Chuquija y De La Fuente Rodríguez se conectaron a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar: desde 2013, estos personajes establecieron dos compañías en Bolivia para importar mercurio, el insumo tóxico empleado para la minería ilegal peruana. 

Luque Chuquija y De La Fuente se asociaron, mientras que Carrillo Álvarez Calderón hizo lo propio con otro ciudadano peruano: Hernán Bernardo Castro Morales. 

El interés de los tres primeros por el mercado boliviano se evidencia en los diferentes viajes que han tenido al país altiplánico. Una revisión al movimiento migratorio de los tres personajes muestra que, desde 2013, acumulan, en conjunto, más de 20 visitas a La Paz. 

Dos de ellas son de este año. Luque Chuquija, por ejemplo, registró un ingreso a dicho país a fines de junio último. Hasta el 25 de julio, no había retornado a territorio peruano. Carrillo Álvarez Calderón, por último, viajó a Bolivia en julio de este año.

Para tener detalles de las firmas establecidas en Bolivia, Ojo Público accedió a los registros públicos bolivianos y halló que, en agosto de 2013, el boliviano Alex Machaca Tapia y el peruano Luis Felipe De la Fuente Rodríguez constituyeron, en la ciudad de La Paz, la compañía A & F Futuro S.R.L. La misma se dedica a la importación y exportación de productos relacionados a la “industria minera”. 

Pese a los objetivos por los que fue creada, A & F Futuro S.R.L. —de mismas siglas que la peruana A & F Qhuya S.A.C., que también tenía en la cabeza a De La Fuente Rodríguez— registra apenas una importación desde 2014. Esta ocurrió en marzo de 2015, cuando la empresa compró casi 450 kilos de mercurio a la firma GD General Services, con sede en México. 

Sobre los motivos para constituir una empresa en territorio boliviano, De La Fuente Rodríguez dijo a Ojo Públicoque tomaron la medida porque en Bolivia “las regulaciones no eran tan estrictas” como en Perú, donde empezaba la implementación de la ley de formalización minera y controles de Sunat al mercurio. 

“Preferimos dejar de operar este negocio en Perú y nos fuimos a Bolivia años después. El escenario comercial cambió. [A esto se sumó] también unas publicaciones que salieron en contra nuestra. Nos desanimaron a seguir en el negocio”, agregó. 

Casi cinco años después de la constitución de A & F Futuro S.R.L en Bolivia, se produjo una adquisición de acciones donde participó otro peruano, antes vinculado al abastecimiento de mercurio para la minería ilegal. 

Según una minuta registrada en Bolivia —con fecha junio de 2018—Antenor Alexis Luque Chuquija adquirió más del 70% de las acciones de la empresa pertenecientes a Machaca Tapia (45%) y De la Fuente (27,5%). 

Desde el ingreso de Luque Chuquija, bajo la mira de la Sunat peruana por su presunta vinculación a la extracción ilícita de oro, la empresa ha tenido sus años con peor desempeño económico. 

En los últimos años, de acuerdo a una revisión de los estados financieros de la firma, las ganancias disminuyeron. En su último reporte, de enero pasado, para el período 2021 y 2022, A & F Futuro S.R.L declaró pérdidas por 50.000 bolivianos (unos USD 7.200, al tipo de cambio de hoy), respecto a su actividad comercial. 

En el período 2020 y 2021, mientras tanto, reportó una ganancia de apenas 35.000 bolivianos (unos USD 5.000), una cifra 10 veces menor a sus utilidades del período 2019 y 2020. 

Al ser consultado sobre esta baja en los ingresos comerciales, De la Fuente Rodríguez señaló que, hace dos años, no operaban y que tenían una “serie de inconvenientes porque se ha activado el Convenio de Minamata”. “No estamos trayendo mercurio porque ya no quiero trabajar en ese negocio, se hace más difícil y complicado porque hay mayores regulaciones”, agregó. 

La segunda compañía identificada por este medio es Paloan S.R.L., con sede en La Paz y dedicada a la importación y comercialización de productos químicos para la actividad minera, “en especial mercurio y cianuro de sodio”. 

En octubre de 2014, según documentos notariales revisados, los peruanos Hernán Bernardo Castro Morales y Álvaro Javier Carrillo Álvarez Calderón establecieron esta firma. El último aparece con el 95% de las acciones. 

Solo cinco meses después de su creación, la empresa boliviana registró otro vínculo con Perú. En marzo de 2015, la empresa peruana Galman Corp S.A.C. —que tiene como gerente comercial a Carrillo Álvarez Calderón— vendió a Paloan S.R.L. más de dos toneladas de mercurio. Esta operación representó la única exportación realizada por Galman Corp S.A.C. sobre la que tiene registros la aduana peruana. 

Mientras que, entre 2015 y 2021, Paloan S.R.L también importó casi 160 toneladas de mercurio valorizado en cerca de $us 6.000.000. Sus proveedores eran de México, Japón y España. 

En su investigación Ojo Público hizo notar que la Aduana boliviana no cuenta con detalles respecto a los importadores de mercurio y que las cifras no se encuentran actualizadas respecto a los importadores. Pero las exportaciones de mercurio desde México en julio de 2021 registró a Paloan S.R.L por $us 249.000 por casi cuatro toneladas de azogue. 

A diferencia de A & F Futuro S.R.L, Paloan S.R.L. ha tenido un desempeño económico más alentador. Su último balance anual muestra que, en 2022, la empresa tuvo utilidades netas por más de 1’678.000 bolivianos, equivalentes a $us 242.000 al tipo de cambio. 

 “No podemos omitir nuestras responsabilidades”

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Omar Tejerina afirmó que las entidades del Estado no pueden omitir sus responsabilidades, y por tanto, debe encararse de manera frontal la lucha contra la contaminación ambiental y el uso del mercurio en la minería aurífera.

Tejerina fue posesionado el 6 de julio en el cargo, tras la destitución del anterior director de esta entidad, Teodoro Mamani, removido de su cargo por acoso sexual, quien reconoció además haber embarazado a una funcionaria de esa entidad. Tras hacerse público el hecho, se comprometió pasar una pensión de 1.800 bolivianos mensuales a la mujer gestante.

“Estamos con alerta como Gobierno boliviano a la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y su Dirección de Medio Ambiente y Cambio climático y otra unidad específica que ve el tema del mercurio (…). Aquí se está convocando para trabajar estrechamente y ver cómo logramos cumplir nuestra responsabilidad y competencia en el marco de atribución de la función pública. Ninguna entidad podría omitir su responsabilidad”, dijo a ANA.

También señaló que se propuso introducir el tema del medioambiente y el mercurio en la mesa nacional de tierras. Aseguró que conservar el tema ambiental es más importante, incluso que los hidrocarburos y la minería, porque será el que garantice la sostenibilidad de los ecosistemas y el agua.

“Como Sernap estamos en el deber de poner en contexto de lo que sucede en nuestras áreas protegidas y a partir de ello, asumir el control para determinar qué acciones tomar”, dijo.

En esa línea dijo que se están tomando acciones de hecho para poder paralizar tareas mineras a través del decomiso y la destrucción de la infraestructura instalada para la explotación del oro. “Falta socialización de la norma y llegar hasta allá y hacer decomisos y sanciones, es una tarea grande. De no hacerlo, seríamos cómplices de todo lo que está sucediendo del biocidio porque estamos matando medios de vida”, señaló.

Consultado sobre los hechos de corrupción que derivaron en la destitución y encarcelamiento del exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, el nuevo director del Sernap señaló que “A veces la ilegalidad, el crimen, la delincuencia puede ser un monstruo que puede dañar a los funcionarios públicos”.

Añadió que se necesitan funcionarios patriotas capaces de enfrentar la ilegalidad. “Habemos muchos en Bolivia y debemos sumarnos y unirnos”, dijo.

Naciones Unidas: Bolivia es el centro del tráfico de mercurio

El Relator Especial para Sustancias Tóxicas de Naciones Unidas, Marcos Orellana advirtió que Bolivia se convirtió en el centro del tráfico del mercurio de la región, con lo cual no solo estaría incumpliendo el Convenio de Minamata, sino también que estaría frustrando los esfuerzos internacionales por reducir hasta eliminar el uso del mercurio.

Orellana, basado en estudios científicos realizados por el Instituto de Toxicología de la Universidad de Cartagena de Colombia con el apoyo del Cedib, determinó que la permisibilidad del uso del mercurio en el país está vulnerando los derechos de las presentes y futuras generaciones por la contaminación no solo en el suelo, los ríos y el medioambiente que se provoca con la minería aurífera, sino sobre todo en los organismos de indígenas que habitan las riberas de los ríos amazónicos.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los niveles máximos de mercurio permitidos en el organismo humano es de una parte por millón (1ppm), sin embargo las y los indígenas sobrepasan esos niveles, siendo los más impactados el pueblo Esse Ejjas, seguidos por los Tacanas, Mosentes y Tsimanes.

El año 2022, Bolivia rompió un nuevo récord de exportaciones por 3.126 millones de dólares y sólo dejó al país  por concepto de regalías cerca de 70 millones de dólares.

El 17 de enero de este, a más de siete años desde que el Estado boliviano ratificara el Convenio de Minamata, el Gobierno lanzó el inicio de la elaboración del Plan de Acción Nacional del Mercurio, que prevé su implementación en cinco años con un presupuesto de $us 6.5 millones de dólares, con el propósito de reducir la sustancia tóxica de la minería aurífera y ejecutar el proyecto PlanetGold, con apoyo de Naciones Unidas.

ANA