En medio de la pandemia, la orfandad generada por la COVID-19 es un motivo de preocupación para las autoridades y sociedad en su conjunto. En ese marco, el Estado peruano es uno de los que asumió responsabilidad al respecto y tomó medidas como otorgar un bono a niños, niñas y adolescentes afectados.

En entrevista con ERBOL, Pablo Solis Vargas, Director Ejecutivo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar del Ministerio de la Mujer del Perú, explicó cómo el país vecino a Bolivia logró implementar la iniciativa.

Explicó que en 2020, antes de la segunda ola, en Perú ya tenían la estadística de que unos 10 mil menores se encontraban en situación de orfandad en el contexto de la pandemia, lo cual generó preocupación porque se trata de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad y que tendrían dificultades para su cumplimiento de derechos en el futuro.

Señaló que en estos casos, los menores afectados no sólo sufren por los sueños familiares cortados, sino también por la falta de recursos, el tema de la salud, educación y la recreación.

En ese marco, indicó que en Perú se dedicaron unos dos meses y medio a desarrollar una normativa, a través de un decreto y reglamento, que le permitió establecer la medida asistencial de una pensión. El objetivo es que el bono se constituya en un ingreso a quienes se les ha cortado o, en otros casos, un estímulo para garantizar el cumplimiento de derechos.

Solis detalló que se trata de una asistencia de 200 soles al mes (unos 50 dólares al cambio actual) para cada niño, niña o adolescente que haya perdido a alguno o ambos padres en la pandemia. El dinero se entrega cada dos meses hasta que el beneficiario tenga la mayoría de edad.

Para plasmar el beneficio, explicó que el Ministerio de Salud tiene un registrado centralizado de las personas fallecidas por COVID-19 y que el Ministerio de la Mujer es el encargado de operativizar los expedientes para la pensión de orfandad.

Para recibir la pensión, se debe certificar que el menor de edad hay perdido uno o ambos padres por COVID-19 y se verifica que la familia no reciba alguna otra pensión que ya otorga el Estado peruano, indicó Solis.

El funcionario señaló que el dinero es administrado por familiares del menor beneficiado o puede ser otro allegado que haya tramitado la administración del mismo. Aclaró que este trámite en el Ministerio de la Mujer es más corto que una patria potestad, que tarda más para conseguirse.

Aclaró que en el caso de niños que han quedado abandonados, existen en Perú 53 hogares para albergarlos con alimentación y educación.

En Bolivia aún no se ha establecido alguna experiencia similar de apoyo, sin embargo, la Defensoría del Pueblo ya ha presentado un proyecto de ley consiste en la entrega de un subsidio alimenticio a menores de dos años, becas escolares y universitarias, acceso a empleo, acceso a vivienda social, estabilidad laboral para quienes tengan la guarda o tutela legal de esta población y garantizar una asistencia familiar.