La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, cuestionó la posición del Comité pro Santa Cruz al pretender eludir supuestas responsabilidades frente a los procesos activados ante la Fiscalía por los 36 días del paro cívico.

La autoridad afirmó que además del daño económico en Santa Cruz que supera los $us 1.200 se suscitaron hechos de violencia, discriminación, privación del derecho al trabajo  y vulneraciones a los derechos humanos.

“Lo más fácil es señalar persecución política cuando se quiere evitar responsabilidades, pero aquello lo tiene que definir una investigación. Las denuncias han sido presentadas y eso está en esa instancia”, afirmó, consultada al respecto.

El Comité Cívico pro Santa Cruz se declaró en estado de emergencia por el proceso activado en contra del cívico Rómulo Calvo, además del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar.

Alcón aseguró que los hechos de violencia se pudieron haber evitado si es que el Comité Interinstitucional hubiera aceptado las convocatorias al diálogo para llegar a consensos respecto al conflicto por el Censo.

La autoridad dejó que sean las investigaciones las que determinen el grado de responsabilidad de las personas implicadas en el caso.