“La confianza ciudadana sobre la Policía Boliviana está herida de muerte. Lejos de brindar seguridad ciudadana y preservar el orden público está profundamente coludida con el delito y la corrupción, y así como está no tiene razón de existir”, dijo el vicepresidente de la Asociación de Derechos Humanos de Santa Cruz Luis Alberto Ruiz, al plantear la necesidad de tener una Policía más especializada y menos militarizada.

“No queremos que desaparezca la institución, debe desaparecer la concepción que tiene y eso pasa por un apoyo total a oficialistas y opositores en la Asamblea donde también participe el Ejecutivo que tiene tuición sobre la Policía por mandato del Art. 252 y 253 de la Constitución.

Dijo que la iniciativa de cambiar la institución está en manos del Legislativo y es un desafío de transparencia para el Ejecutivo, porque la Policía pasó de ser un problema de gobierno a ser un peligro para la sociedad al convertirse en una entidad que viola permanentemente los derechos humanos.

En su criterio, la ciudadanía siente que el 98% del personal policial es malo y piensa que como son policías mal pagados salen a buscar a la calle lo que no pueden recibir del Estado y eso abre el desafío de dignificar a la institución.

“Yo creo que la Policía está pasando por una crisis de concepción institucional. Así como está yo sugeriría a los asambleístas que analicen la posibilidad de eliminar la Policía bajo la actual concepción constitucional genérica y crear otra Policía sobre otras bases, una Policía con especialización en la persecución del delito y no una razón de coludir con el delito”, declaró el también analista político cruceño.

Indicó que la institución que más viola los Derechos Humanos es la Policía porque no presume la inocencia sino la culpabilidad de su detenido, si la ciudadanía recuerda, quien investiga es el policía, quien lleva a la cárcel es el policía y siendo juez y parte en todo es perfectamente permeable al delito, comentó.

A manera de ejemplo señaló que un policía destinado a la lucha contra las drogas acaba metido con el narcotráfico; si lo mandan a Diprove se involucra con los autos chutos; si va a la FELCV no protege el derecho de las mujeres y si lo mandan a la FELCC termina metidos en delitos comunes o cobrando a bingos clandestinos que son parte de la protección a organizaciones criminales.

Ruiz sostuvo que cualquier cambio pasa por la voluntad política de los órganos del Estado porque, así como es fácil extorsionar al ciudadano, también puede extorsionar al poder político con el acceso a la información que tiene sobre las personas.

Aclaró que la crisis de confianza ha llegado a fondo y está poniendo en riesgo los derechos humanos y la paz social que debería vivir la sociedad en un Estado de Derecho antes de llegar a una crisis.

Y ¿cuál será esta crisis? preguntó. “La Policía puede ser la institución que nos lleve a la debacle final de un Estado fallido y por eso la iniciativa de dar un golpe de timón está en manos del Legislativo que es el primer poder del Estado que representa al pueblo y la sociedad”, manifestó.