El Cabildo realizado la noche de este miércoles en Oruro aprobó varias exigencias, entre ellas la elaboración de una nueva ley para el litio y que el departamento se haga cargo de administrar la planta de cemento de Caracollo.

La primera resolución se refirió al litio. Se criticó que la actual Ley Monera sólo disponga un 3% de regalías para el departamento y que el Gobierno ya tenga un trato con una empresa china para explotar el salar de Coipasa.

Con esas observaciones, el Cabildo exigió que se derogue la actual norma y se desarrolla una ley específica para el tema del litio, que tenga el consentimiento previo de las instituciones de Oruro.

Respecto al cemento, el Cabildo consideró centralista el actual modelo de administración de la planta de Ecebol de Caracollo, por lo cual se pidió que el complejo industrial pase a ser manejado por el departamento, tal como ocurre con Fancesa de Chuquisaca. 

Asimismo, los orureños exigieron poner en marcha el proyecto para el Puerto Seco, con inversión garantizada y a corto plazo, pero además que se declare a la región como “zona de libre comercio”.

Se determinó también apoyar las reivindicaciones de los médicos, así como pedir que tanto el sector salud como el magisterio ingresen a la Ley General del Trabajo.

En el tema político, el Cabildo de Oruro, tal como ocurrió en reuniones similares en el resto del país, decidió desconocer la repostulación de Evo Morales y Álvaro García, así como optar por la desobediencia civil si ese binomio consigue un resultado favorable en las elecciones.

Se determinó asimismo declarar personas no gratas a diputados, senadores, gobernador, alcalde, concejales y asambleístas, por no velar los intereses de la ciudadanía.

En el tema institucional, el Cabildo convocó a la Asamblea de la Orureñidad para el 14 de noviembre, con el objetivo de elegir a un nuevo Comité Cívico que sea legítimo.

La octava resolución consiste en dar un plazo hasta el 28 de octubre para que el presidente Evo Morales brinde una respuesta al pliego de Oruro.

Posteriormente se incluyó la decisión de impulsar un juicio de responsabilidades contra los actuales mandatarios.