En medio de una concentración, a los pies del monumento al Cristo Redentor, el cabildo de Santa Cruz advirtió la noche de este viernes con ingresar a un paro indefinido desde el 22 de octubre si el Gobierno no fija la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2023.

El paro sólo podría ser desactivado  si la administración del presidente Luis Arce aprueba hasta el 21 de octubre en la Gaceta Oficial del Estado un decreto donde se fije la fecha del proceso censal en el próximo año.

“Censo en 2023 sí o sí, sino, el 22 de octubre ¿qué va a pasar?”, preguntó el presidente del Comité Cívico pro Sant Cruz, Rómulo Calvo. La multitud presente respondió: “¡paro!”. De inmediato, el cívico continuó: “Está escuchando señor presidente (Luis Arce) deje la tozudez, cambie de discurso, piense en los bolivianos, piense que necesitamos de un Censo”.

En otras determinaciones asumidas, exigieron que los resultados del proceso censal deban estar concluidos en un plazo no mayor a 120 días calendario y se apliquen “de manera inmediata” en el nuevo padrón electoral para que así se llegue a las nuevas elecciones de 2025.

“Exhortamos al Gobierno nacional a que la cordura y el amor a la patria se impongan en sus decisiones en pacífica armonía. Nosotros somos un pueblo de fe, somos un pueblo de esperanza, somos un pueblo de lucha y somos un pueblo de victoria”, añadió Calvo.

Durante el desarrollo del cabildo hubo encendidos discursos de los diferentes oradores, los cuales respaldaban la necesidad que la encuesta nacional se desarrolle el próximo año y no así en 2024 como estableció el Gobierno mediante el Decreto Supremo 4760.

El presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, Óscar Paz, expresó el respaldo de la institución que dirige para “salir a luchar una vez más y las veces que sean necesarias” por la demanda que exigen diferentes instituciones del departamento.

Mientras que el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, dijo que la necesidad de un Censo en 2023 es para la mejora en el acceso a la salud. “¡Vamos al paro!”, arengó.

En el cabildo, Calvo incluso hizo referencia al denominado caso Terrorismo, ocurrido en 2009 y que, en su criterio, el Gobierno llevó adelante tras haber “comprado” a jueces, fiscales y policías. Recientemente también la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que se vulneraron derechos de implicados en ese proceso.

Por ello, el cívico demandó que se abra un proceso al expresidente Evo Morales por asesinato, delitos de lesa humanidad y se le condene a una pena máxima de cárcel.

En reiteradas ocasiones, el Gobierno aseguró que el proceso censal debe desarrollarse de manera técnica y alejada de la politización, tras llegar a consensos fruto de las reuniones de socialización que sostuvo con gobernadores y alcaldes.