AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Durante el diálogo: “Expansión minera: sus transformaciones y desigualdades”, el investigador del Centro de Estudios Laborales y Agrarios (Cedla), Alfredo Zaconeta responsabilizó al Movimiento al Socialismo (MAS) de haber promovido una serie de normativas tributarias y ambientales para promover la expansión minera en la Amazonía.

“Se llega a esta situación tan conflictiva como consecuencia de la política minera que se ha dado durante el Gobierno del MAS de más de 15 años, particularmente por el Gobierno de Evo Morales, a la que ha dado continuidad el Gobierno de Luis Arce, es por este modelo que ha flexibilizado tanto el ámbito tributario como el ambiental que ha expandido la minería aurífera minera en la Amazonía”, afirmó.

El experto en temas mineros detalló la situación actual que atraviesa el país, en momentos en que la ciudadanía organizada ha protestado en las calles para frenar el avance minero en áreas protegidas, impactadas no solo por la contaminación del mercurio, sino también por incendios forestales que han llamado la atención de organismos internacionales.

Desde el municipio de San Buenaventura, el especialista afirmó que, el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez tampoco fue la excepción porque el Ministro de Minería era un cooperativista; es decir, del sector que acapara más del 90% de la extracción del oro a nivel nacional.

En ese contexto señaló que el sector cooperativista ha sacado réditos en materia legislativa a través de la presión para que en Legislativo se apruebe una serie de leyes para el beneficio, así como decretos y resoluciones desde el Ejecutivo.

“La Constitución Política del Estado ha sido el principal punto de partida para que toda esta asimetría se dé en la actual normativa minera, que reconoce dentro de su modelo de economía mixta, la economía estatal privada, cooperativa y comunitaria, pero esto no sucede en la misma Constitución en el acápite minero en el cual el comunitario queda invisibilizado, marginado”, explicó.

Lanzó la pregunta: “¿Esto, en qué ha derivado?” y respondió en que muchas comunidades que hacían minería tradicionalmente de manera artesanal y a pequeña escala, si querían ser reconocidas por el Estado como formales y legales, tuvieron la forzosa obligación de conformar cooperativas. De esta forma es que se explica el desmedido crecimiento de las cooperativas mineras.

También responsabilizó al Gobierno del MAS por haber flexibilizado la alícuota tributaria al determinar un 2.5% para las regalías, con el plus para las cooperativas, que si hacen la comercialización a interna solo pagan el 60% de esa regalía, lo cual ha motivado que la producción del oro en este momento esté concentrado en casi un monopolio en manos del sector cooperativo minero con un 99.6%.

“El agravante es que como las cooperativas quedan exentas al pago del impuesto a las utilidades y otros en el país, por la misma normativa creada en el Gobierno del MAS hace que el oro no pague impuestos”, señaló a tiempo de poner de ejemplo que el 2022 el país exportó oro por un valor de más de 3.073 millones de dólares, pero apenas 63 millones de dólares se quedaron para las gobernaciones y municipios.

Zaconeta también llamó la atención, ante la realidad de las comunidades rurales que reclaman una participación o beneficio directo de las regalías mineras, lo cual ha derivado en que autoricen directamente el ingreso de empresas y cooperativas mineras a su zona a condición de algunas obras o que generen fuentes de empleo.

“Esta es la informalidad que se ha creado y a esto podríamos sumar varios decretos supremos y resoluciones ministeriales que han flexibilizado la normas ambientales, los requisitos para la licencia ambiental, y esto han hecho que solo se requieran algunos trámites para resoluciones, y de esta forma se ha flexibilizado tanto el ámbito tributario como el ambiental, y con este modelo se está expandiendo la minería aurífera minera en la Amazonía”, afirmó a ANA.

Zaconeta también citó la Ley General de Cooperativas 356 en la que señala que las cooperativas no deberían tener personal dependiente por su propia esencia del cooperativismo, pero desde el mismo Ejecutivo se aprobó el decreto supremo 2892 de 2016 por el cual se reconocen los derechos laborales de las personas que prestan sus servicios en las cooperativas mineras, lo cual se constituye en una clara contradicción.

Caracterización de cooperativas

Alfredo Zaconeta dejó en claro que no todo el sistema cooperativo aurífero es igual, pues hay cooperativas pequeñas, medianas y grandes, no sólo por la tecnología que emplean, sino también por el combustible que consumen y la producción que generan.

Detalló que la pequeña cooperativa trabaja de manera semi-mecanizada, con balsas a motor, está constituida de socios cooperativistas y funcionan con el aporte mismo de los socios, tienen un consumo menora los 20.000 litros de combustible y su producción oscila en 280 gramos mes que lo venden a los rescatadores o a una joyería.

Las cooperativas medianas trabajan con bombas y balsas más grandes con mayor capacidad, tienen socios cooperativistas y socios asalariados y tienen sociedades con capitales extranjeros como chinos, colombianos, peruanos, chilenos e incluso capitales privados bolivianos.

En las medidas, incluso los cocaleros están invirtiendo, pues están trasladando sus capitales hacia la Amazonía, sobre todo a sectores como Teoponte y Mayaya. Estas operaciones superan el consumo de 20 mil litros de combustible y tienen una producción mayor a 5 kilos

“Las que deben preocupar son las cooperativas grandes porque estamos hablando de chutes, de maquinaria de gran potencia, de dragas enormes, planchones, con empleados asalariados, técnicos especialistas que tienen sueldos superiores a los 13mil bolivianos, con clara asociación con capital extranjero”, explicó.

Dijo que incluso algunas tienen la categoría de gran contribuyente, esto porque el consumo de combustible excede los 40mil litros y tienen una producción que puede superar los 40 kilos.

Aunque los cooperativistas no son los únicos actores de la destrucción ambiental, el investigador hizo notar que estos operadores auríferos,  no pueden eludir su responsabilidad pues en los últimos años no sólo extraen oro aluvial del río, sino también oro secundario, más allá de las riberas.

“Solicitan áreas muy grandes, deben desboscar, deforestar y cavan fosas y acumulan pasivos ambientales (…). Han logrado una hábil forma de hacer contratos de prestación de servicios por el cual las operadoras privadas captan entre el 70 y 80%  y el resto se queda con las cooperativas”, mencionó.

En este contexto dijo que es necesario que el Estado analice el beneficio que quiere y trabaje una política integral del oro que acabe todos los problemas, ya que la Ley del oro para fortalecer las reservas ha promovido más aún la extracción del oro en la Amazonía.