La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, demandó públicamente a la presidenta Jeanine Añez que promulgue la Ley obligará a las clínicas privadas a atender obligatoriamente a pacientes COVID-19 que sean derivados del sistema público de salud.

“Observamos la falta de acción oportuna, diligente y un evidente incumplimiento de deberes por parte de la Presidenta transitoria Jeanine Añez respecto a la omisión en la promulgación de la referida Ley; denunciamos públicamente esta conducta, que además de infringir la Constitución Política del Estado, pone en situación de riesgo y vulnerabilidad la salud de la población”, manifestó la Defensora del Pueblo Nadia Cruz.

La Defensora, en conferencia de prensa manifestó que en este momento en que el sistema público y de seguridad social de salud se encuentra colapsados, por lo cual es importante que las clínicas privadas se incorporen en la lucha contra el coronavirus de forma universal y con acceso irrestricto.

La institución defensorial aseveró que ha realizado verificaciones en las que evidenció que el sub sistema público de salud se encuentra completamente colapsado y desbordado en cuanto a su capacidad para atender y recibir pacientes aquejados por COVID-19.

Señaló que establecimientos privados de salud demandan montos exorbitantes como garantía que oscilan entre los 20 mil y los 30 mil dólares, previo a la internación.

“Este estado de vulnerabilidad absoluta es en el que ha puesto a la población la actitud negligente y dilatoria de la presidente Añez al no promulgar la Ley para Garantizar la Atención y Tratamiento por Parte del Subsector Privado de Salud Durante la Emergencia Sanitaria Producida por el Coronavirus COVID-19”,  remarcó Cruz quien, además, dijo que no se quiere pensar que haya una suerte de protección a las clínicas privadas en desmedro de la población.

La ley establece que las clínicas y centros privados de salud deben atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el Sub Sector Público de Salud. La normativa fue sancionada el 8 de julio pasado y remitida al Ejecutivo para su promulgación.