El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) generaron polémica en últimos días, tras sus acciones respecto a dos proyectos de ley que se tratan en la Cámara de Diputados.

Los legisladores, particularmente de oposición y el ala “evista”, pretendían aprobar leyes para regular las interpelaciones contra ministros y llevar adelante las elecciones judiciales, pero el TCP mandó una nota que paralizó el tratamiento de la primera norma, mientras que el TSJ activó proceso en jurisdicción constitucional contra la segunda.

El proyecto de ley de interpelaciones plantea evitar que un ministro censurado vuelva al cargo al menos por un año. La misma estaba en agenda de la Cámara de Diputados, pero en la sesión se conoció una carta enviada del TCP para advertir que no se podía tratar la norma.

Según la nota, enviada por el magistrado Petronilo Flores, el TCP está en tratamiento de una consulta de constitucionalidad de un proyecto de ley para interpelaciones, por lo cual no se pueden tratar otras normas similares.

La posición del TCP generó molestia de parlamentarios que promovían la norma. En la sesión, Quintín Villazón del MAS expresó su preocupación denunció que la Asamblea está perdiendo atribuciones. Posteriormente, Luisa Nayar de CC consideró que se trata de un “golpe” al Legislativo.

El ministro Iván Lima corroboró que, con el pronunciamiento del TCP, los diputados no pueden continuar con el tratamiento de la norma.

El TSJ impugna ley de elecciones

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) expresó su duda de que el proyecto ley para elecciones judiciales esté acorde a la Constitución. Transmitió estas observaciones al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, a la vez de presentar una consulta ante el TCP.

El TSJ objeta que, con el proyecto de ley, se pretenda suspender el ejercicio de los actuales magistrados a partir de enero, dejando un vacío de poder. Reconoce que se fenece el mandato de magistrados, pero defiende que haya una flexibilización tomando en cuenta la importancia de tener autoridades judiciales. 

En ese marco, el Tribunal Supremo de Justicia elevó en consulta al TCP los artículos observados del proyecto de ley. Paralelamente, al presidente de Diputados le comunicó que “existe la duda razonable” de que la iniciativa legislativa sea contraria a la Carta Magna.

Dicho proyecto de ley es impulsado por "evistas" y opositores con el argumento de cumplir la Constitución y recambiar las autoridades judiciales, mientras que desde el "arcismo" no se ha puesto el tema en agenda del pleno.

Los "evistas" denunciaron que el Gobierno tiene un acuerdo con los magistrados, para prorrogarles en el cargo a cambio de beneficiarse con sus fallos.