Organizaciones sociales alteñas, además del magisterio rural del departamento, dieron diferentes plazos al Gobierno para que abrogue los decretos 4640 y 4641 que establecen la obligatoriedad de presentar certificado de vacuna o prueba PCR para ingresar a lugares públicos y privados con aglomeración. Consideran que las normas son inconstitucionales y no se puede impedir el ejercicio de derechos por la vacunación.

El Comité Cívico de El Alto, la Federación de Padres de Familia y el magisterio rural departamental se manifestaron en conjunto y dieron un plazo de 24 horas al Gobierno para abrogar los decretos.

El presidente cívico, Gregorio Gómez, advirtió que de no cumplirse su pedido las organizaciones irán a las calles a movilizarse y realizar bloqueos. De generarse enfrentamiento, manifestó que será culpa de las autoridades.

“Que se atengan a las consecuencias. Si quieren convulsión, la van a tener, si quieren arreglar, que arreglen de buena forma con las organizaciones, estamos molestos, no estamos bromeando”, dijo.

Estos sectores aclararon que no están en contra de la vacuna, pero sí rechazan que sea un requisito.

El dirigente del magisterio Ruddy Callisaya manifestó que ven con preocupación que se pida el carnet de vacunación incluso para ir al banco. Alertó que personas de la tercera edad del área rural no podrán cobrar sus rentas, porque no cuentan con ese documento.

También rechazó que eventualmente se vaya a pedir el certificado para las clases y afirmó que los padres no permitirán que se imponga a sus hijos la vacunación. Sin embargo, el Ministerio de Educación ya aclaró que el carnet de vacunación no es requisito para la inscripción.

El dirigente del magisterio rural manifestó que su sector no garantiza el inicio de clases, en tanto no se abroguen los decretos y no se garanticen condiciones de bioseguridad para las labores estudiantiles.  

Gregorio Gómez criticó también al Gobierno por insistir en que la vacunación es voluntaria, cuando en los hechos la alternativa es tener una prueba PCR que puede costar unos Bs450. Señaló que ese costo afecta a la población.

Por separado, se pronunciaron los gremiales de El Alto, a la cabeza de Toño Siñani. Este sector está dando 72 horas al Gobierno para que anule los decretos.

El dirigente Siñani manifestó que él está vacunado, pero no puede obligar a sus bases a hacer lo mismo. Argumentó que la población, particularmente del área rural, tiene su propia forma de cuidarse en base a la medicina tradicional.

Advirtió que, de no abrogarse los decretos, los gremiales se movilizarán desde el lunes en El Alto. Asimismo, ya tiene planeadas reuniones con otros sectores para aunar esfuerzos.