El Gobierno solicitó formalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la revisión previa de dos proyectos de ley, la que autorizan el uso del dióxido de claro y la que regula la censura a ministros, con el objetivo de que se establezca si son acordes a la Constitución Política del Estado.

La ley del dióxido de cloro autorizaría el uso de ese químico para prevenir y tratar la COVID-19, mientras que la ley de censura establecería que los ministros censurados por la Asamblea no pueden volver al cargo en tres años.

El viceministro de Coordinación, Israel Alanoca, señaló que se está solicitando una consulta previa al TCP respecto a ambas normas y explicó las observaciones que tiene el Gobierno contra estas leyes que fueron aprobadas en el Legislativo, pero que aún no fueron promulgadas por el Ejecutivo.

Alanoca señaló que no existe exámenes ni certificación científica que avale el uso del dióxido de cloro como tratamiento, por lo cual el Gobierno no puede ser “irresponsable” con la promulgación de esa norma.

Por otro lado, señaló que la ley de censura vulnera derechos, principios y la independencia de poderes. Acusó al Legislativo de actuar con motivación política para aprobar esa norma y dijo que eso no se puede permitir.

“Esperamos que el Tribunal Constitucional puede hacer este test de constitucionalidad para que prevalezca siempre la supremacía constitucional”, agregó el Viceminsitro, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.