El ministro de Justicia Iván Lima informó que prevé llevar a un debate nacional, el anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que podría estar concluido hasta el próximo 23 de febrero. Luego el objetivo es socializar especialmente con los periodistas y otras entidades de la sociedad civil para que el documento tenga mejor calidad y vaya a la Asamblea Legislativa con el mayor consenso posible.

La autoridad hizo el anuncio durante el programa Hagamos Democracia de la red Erbol, donde compartió el panel vía zoom con Lupe Cajías y Juan Cristóbal Soruco, dos periodistas de larga data en luchan para que el Estado tenga un instrumento legal que permita a los ciudadanos a acceder a la información pública.

Lima explicó que a través del Viceministerio de Transparencia analizan los algunos temas referidos a la confidencialidad y la clasificación de “información reservada” y los límites que deben tener los funcionarios públicos.

El anteproyecto de ley fue remitido al Ministerio de Gobierno, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), entidades que conforman el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción y que tienen plazo hasta el 17 de febrero para hacer conocer sus criterios.

El ministerio se puso un plazo de cinco días hábiles para sistematizar el proyecto de ley y después llevar al debate nacional para ver qué aportes recibe y cómo se debe mejorar. El ministro dijo que la idea es “escucharnos entre los bolivianos”.

En torno al nivel de reserva, manifestó que “no se puede poner bajo el manto de la confidencialidad el cien por ciento de la información pública. Este escenario debe ser configurado para que no sea discrecional, alguien tiene que recibir la queja de que se está utilizando indebidamente el margen legal de confidencialidad y en algunos casos conservar y en otros, levantar”.

Considera que deben “existir reglas claras para que el funcionario público no utilice el escudo de la confidencialidad para que todo sea confidencialidad en la función pública”.

Dijo creer en el principio de la buena fe para llevar el proyecto al debate de las ideas y que no sea una imposición de la Asamblea Legislativa y luego se tengan problemas como el Código Penal abrogado y ahora mismo con la Ley de Emergencia Sanitaria.

Cajías recordó que la OEA ha resuelto muchas discusiones sobre el gran problema de las leyes de acceso a la información, que no solamente es romper la cultura del secretismo, sino también definir qué es reservado, confidencial y secreto, y cuándo esa información debe ser conocida.

Sostiene que la ley debe obligar a cada institución tener una unidad para recibir solicitudes de información que debe estar ordenada y clasificada, definir cuáles serán los costos de acceso en caso de solicitar fotocopias o copias en soportes electrónicos. Dijo que estos aspectos tardaron muchos años en definirse en otros países.

“Lo que más aconsejaría por toda la experiencia que tengo: aprobemos la normativa, siempre y cuando no sea un atentado a la libertad de expresión y no sea un barniz. Apoyemos al ministro Lima, qué buena iniciativa, qué bien poner el debate sobre la mesa y no nos perdamos en reuniones que solamente van a postergar tener esta normativa”, dijo en su intervención.

Recordó que en base a la normativa definida por la OEA hace muchos años, la Asociación de Periodistas de La Paz presentó en diciembre de 2015 un proyecto de ley al entonces presidente del Senado, periodista José Alberto Gonzales. Sin embargo, el proyecto se quedó porque “hay temor al acceso a la información pública y a su mal manejo”.

Soruco recomendó formular una ley clara tratando de agarrar los temas candentes en forma transparente y empezar un proceso a mediano plazo. Sin embargo, expresó su temor de avanzar en el proyecto y luego no saber si el MAS podría trancarlo en alguna comisión de la Asamblea Legislativa.

“Creo que es fundamental crear una compresión sobre la política de transparencia que nos va a beneficiar a todos. Y la segunda claridad, es de la reserva que no debe quedar a la decisión de un funcionario, sino a un mecanismo legal que tenga el aval de calificar la confidencialidad y que una instancia legal y constitucional evite la arbitrariedad del funcionario eventual”, indicó.

Considera que el momento que haya una Ley, se pondrá límites a la arbitrariedad del poder político en el manejo de recursos del Estado. “Creo que tenemos un largo camino para recorrer, pero si la Asamblea no nos frustra, (ministro) tendrá unas voces de apoyo y también de crítica de los que estén detrás de esta propuesta”, comentó.