La Sala Constitucional Primera de La Paz decidió paralizar la realización de interpelaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de una acción de Amparo Constitucional promovida por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, según denunció la oposición. 

La información fue proporcionada por la alianza Creemos, cuyo diputado Walthy Eguez consideró que se trata de una artimaña para evitar la fiscalización de los ministros, dando un “golpe certero” a la Asamblea.

Según esta información, en la decisión se argumenta que existe un vacío jurídico en la Ley 1350, que regula los efectos de la censura de ministros.

Al menos ocho ministerios se sumaron al Amparo como terceros interesados y solicitaron la suspensión de las interpelaciones, como medida cautelar, explicó Creemos mediante nota de prensa.

Creemos reprochó que la Asamblea Legislativa no haya realizada una efectiva acción de defensa legal en resguardo a la atribución constitucional de fiscalización.

Indicó que el Ministro de Economía debía ser interpelado por el caso de la Gestora Pública el pasado 16 de agosto, pero se suspendió por efecto del Amparo.

Asimismo, se había fijado interpelaciones el 6 de septiembre contra el Ministro de Energía e Hidrocarburos, el 13 de septiembre para el Ministro de Medio Ambiente y Agua, el 20 de septiembre al Ministro de Gobierno, mientras que 13 y 20 de septiembre debía ser interpelado el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

El diputado de CC, Marcelo Pedrazas, consideró que esta decisión es una “maniobra planificada” por el MAS en contubernio con la administración de justicia. 

Observó que el Amparo se llevó a cabo con presencia de veinte funcionarios de los distintos ministerios y sin haber notificado a los terceros interesados verdaderos, que eran los parlamentarios.

Anunció que emprenderá un proceso por prevaricato, contra el tribunal que emitió esta decisión.