La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que, a solicitud del Estado boliviano, un Tribunal Arbitral se declaró incompetente para resolver una demanda por 269,4 millones de dólares, referida a la estatización de acciones de la cementera Fancesa.

“La Procuraduría General del Estado celebra este fallo que admite las solicitudes, objeciones y argumentaciones presentadas por el Estado Boliviano, declarándose sin competencia ni jurisdicción el Tribunal Arbitral para tramitar el litigio arbitral y consecuentemente resolviendo la causa en favor del Estado boliviano”, dice un comunicado.

La controversia surge por la reversión de acciones de Soboce a favor de la Gobernación de Chuquisaca, mediante el Decreto 616 de 2010 durante el Gobierno de Evo Morales.

Los accionistas de Soboce, que incluyen al Grupo Gloria, Consorcio Cementero del Sur  y  Yura Inversiones Bolivia, presentaron una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje, invocando el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones Perú-Bolivia.

Los demandantes pidieron la compensación económica más intereses por un total de 183,2 millones de dólares, además de los dividendos de las acciones estatizadas por 86,2 millones de dólares.

Sin embargo, el Estado Boliviano presentó “Objeciones a la Jurisdicción del Tribunal y Solicitud de Bifurcación", alegando falta de jurisdicción. 

Según la PGE, el laudo se emitió el 27 de noviembre de 2023 y el Tribunal Arbitral decidió admitir la objeción, declarándose sin jurisdicción para resolver la controversia de fondo entre las Partes.