La justicia decidió remitir de nuevo a la cárcel de Obrajes a Edith C. A., trabajadora del hogar de Juan Ramón Quintana, después de revocar la detención domiciliaria que desde mayo gozaba la mujer procesada por los delitos de encubrimiento y tenencia ilícita de un arma, informó el Viceministro de Transparencia.

La allegada del exministro fue capturada en enero de este año, luego de que se la encontró en posesión de un arma de fuego coincidía con proyectiles hallados en el departamento de Quintana.

Tenía detención preventiva en Obrajes hasta que en mayo el juez Hugo Huacani le otorgó detención domiciliaria, bajo el argumento de que ya habían pasado los cuatro meses que se había fijado para la investigación.

Esa decisión del juez Huacani generó la denuncia que puso el Ministerio de Gobierno en su contra, por resoluciones contrarias a la ley. Ese proceso contra la autoridad judicial fue polémico porque se detuvo al juez minutos antes de que lleve adelante la audiencia del caso respiradores.

El Viceministerio de Transparencia apeló la decisión del juez Huacani a favor de la trabajadora de Quintana y la audiencia respectiva se realizó el miércoles 10 de junio.

El argumento de la apelación consiste en que hubo tres irregularidades en la decisión de Huacani: no considerar la suspensión de los plazos procesales por la emergencia sanitaria en el país a causa del COVID-19, no considerar la imposibilidad del Ministerio Público para desarrollar los actos investigativos por esa circunstancia y la indefensión en la que dejó a las partes acusadoras con su determinación sin fundamente sólido.

El vocal de la Sala Penal Segunda, Willy Arias, dio la razón a la apelación y revocó la detención domiciliaria de la imputada, para que sea remitida de nuevo a la cárcel de Obrajes.

“El día de ayer, 10 de junio, el vocal Arias ha dado por hecho nuestra apelación, en el sentido de que el juez Huacani no ha tenido la razonabilidad y el juicio que implica una resolución de estas características, eso es lo que nosotros hemos ido a refutar, que el juez dejó en indefensión a las partes acusadoras sin un fundamento sólido y sin considerar la situación excepcional que vive nuestro país con su determinación”, informó el jefe de Procesamiento Penal del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Luis Choque.