Luego de la primera negativa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a comparecer ante el pleno del Senado para responder en una petición de informe oral por los 36 días de paro, el Senado alista una nueva convocatoria para que se presente en el plazo de siete días a partir de su legal notificación.

Aunque no se tiene fecha de cuándo será notificado, la presidenta en ejercicio del Senado, Gladys Alarcón, advirtió que “en caso de inasistencia u omisión a esta convocatoria” se activaría un proceso penal por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

Camacho debió presentarse el pasado jueves, pero faltando minutos para el inicio de la sesión, envió una carta desconociendo la facultad del Órgano Legislativo para fiscalizar a través de sus cámaras a los gobiernos autónomos departamentales y municipales.

Alarcón indicó que Camacho se ampara en una falsa interpretación de las sentencias constitucionales 2055/2012 y 1714/2012 que en el fondo ratifican la facultad constitucional de las cámaras legislativas de fiscalizar hacia todos los niveles de gobierno.

Precisó que el artículo 158 de la Constitución Política del Estado otorga a los legisladores la atribución de fiscalizar, mientras que el artículo 135 de la Ley de Autonomías dispone que todas las autoridades de los gobiernos autónomos están obligadas a presentarse personalmente a brindar la información que fuese requerida por la Asamblea Legislativa.

Señaló que ahora la iniciativa ya no es solamente de la senadora de Oruro Mery Choque, sino de senadores de los nueve departamentos que tienen un cuestionario para que Camacho informe sobre las consecuencias del paro que dejó cuatro personas fallecidas, violencia y violación a los derechos humanos y una pérdida de 1.200 millones de dólares.