Los hechos luctuosos de Potosí, en los cuales fallecieron al menos cuatro mujeres estudiantes, generaron que otra vez se ponga en el tapete de discusión el rol de la autonomía universitaria en Bolivia, tomando en cuenta los conflictos internos que derivan en la muerte de jóvenes.

El tema de revisar la autonomía universitaria ya había sido planteado por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en marzo de 2021, después de una asamblea estudiantes en la Universidad Pública de El Alto terminó en tragedia con la muerte de siete personas.

Tras los hechos de Potosí, la diputada del MAS, Estefanía Morales, anunció que el rol de la autonomía universitaria será analizado en el Legislativo, puesto que así como se respetan los estatutos autonómicos, también se debe respetar la vida de estudiantes y docentes en el contexto de los conflictos que surgen en el interior de las casas de estudios superiores.       

“Estos días vamos analizar como parlamentarios dentro de la Asamblea, incluso en ambas cámaras, que es muy importante poder analizar cuál es el rol de las autonomías universitarias”, dijo Morales.

La diputada advirtió que muchas autoridades se amparan en la autonomía universitaria para hacer lo que quieren, sin que nadie les fiscalice.

El jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe, aseveró que la autonomía universitaria está garantizada en el país, pero se debe entrar en una discusión tras lo ocurrido en El Alto y Potosí.

“Habría que ver la manera y la forma de cómo evitamos que esto no ocurra y eso por supuesto está en debate. Tendríamos que hacer un debate muy abierto sobre esta situación de nuestra autonomía universitaria, aquí en este momento permite que se hagan  ese tipo de cosas y lamentablemente se cae en ese tipo de hechos lamentables”, dijo Arispe.

Enfatizó que la sociedad en su conjunto tiene que velar sobre esta situación, para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir.

El presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Gustavo Vega del MAS, consideró que tal vez este caso de Potosí sea motivo para que alguien fiscalice y haga un control social a la autonomía universitaria.