A un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe y recomendaciones sobre los hechos de 2019, víctimas de vulneraciones a los derechos humanos coincidieron que existe un abandono estatal, además de un incumplimiento a los compromisos en materia de reparación integral. Asimismo, rechazaron ser usadas como “bandera política”.

Las posiciones fueron expresadas a través de ERBOL, en un programa especial que se realizó desde la iglesia de Senkata en El Alto con representantes de las víctimas de 2019 y desde Cochabamba,  junto a víctimas de los hechos de Sacaba.         

“Creo que nuestras autoridades nos han abandonado. Sentimos la dejadez, sentimos que no hay interés en realmente dar sanción a responsables del conflicto que se ha dado durante el 2019. Entonces se está tomando muy despacio”, lamentó Joel Villca en Cochabamba.

Asimismo, Gloria Quisbert, una de las representantes de las víctimas de Senkata, pidió que el presidente Luis Arce les vuelva a recibir, puesto que existe un abandono de parte de los delegados que designó para atender a los afectados de los hechos de 2019.

“Queremos que él (Arce) haga un seguimiento y no nos deje abandonados como lo están haciendo, porque las persona que están (a cargo del tema) no están cumpliendo ni las recomendaciones del GIEI ni las palabras de nuestros presidente, lo dijo en su momento, que las víctimas eran la prioridad”, afirmó Quisbert.  

“Estamos olvidados, estamos siendo mal informados y lo único que pido que respeten la memoria y aquellos jóvenes que han muerto”, agregó.

El GIEI, en su informe emitido hace un año, recomendó al Estado adoptar un plan de atención y reparación integral, además de diseñar e implementar un sistema administrativo que sea ágil, transparente y pluralista, y que incorpore un procedimiento para realizar un “censo” de víctimas, conforme al principio de universalidad.  

El activista y representante de las víctimas de Senkata, David Inca, sostuvo que sólo se cumplió la recomendación 16.2 del GIEI, al haber transferido el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) a la Defensoría del Pueblo, pero se incumplió el resto de las 35 recomendaciones.

Desde Cochabamba, el representante de las víctimas de Sacaba, Roberto Jucumari, se quejó de que solamente se cumplió un 20 o 30% de los compromisos con su sector. Consideró que esto pudo haber ocurrido porque son personas humildes, que sólo hablan quechua.

El dirigente recordó que el compromiso era reunirse cada mes con el presidente, pero esto no se cumple y manifestó que quizás los funcionarios técnicos no aporte a que se viabilicen sus pedidos.

Entre las víctimas que se pronunciaron están familiares de fallecidos, heridos y también personas que denunciaron detenciones ilegales y torturas, durante la crisis de 2019. Varios coincidieron en que no se cumplieron los compromisos y que los avances fueron gracias a sus medidas de presión, como una marcha que realizaron hacia La Paz.

Nelson Villca, en Cochabamba, señaló que en el Censo de víctimas no se toma en cuenta a todos. Señaló que víctimas de procesos irregulares no recibieron becas de educación ni subsidio, y que existe “mucha vuelta” para otorgar beneficios laborales.

Consideró que fue una burla que se haya dado trabajo a víctimas de tres a seis meses, sin recontratación.

Marcela Calle, en Senkata, recordó que el Gobierno les rechazó cubrir los gastos procesales y que no se cumple con la oferta de fuentes laborales.

No quieren ser usados como ‘bandera política’

Las víctimas expresaron que no quieren ser usados como “bandera política” y observaron que ya haya sentencia por el caso “Golpe de Estado II”, pero no así por su caso.

“Nos alzan como bandera política y esa es una molestia tan grande hacia mi persona, una ofensa hacia los sentimientos de nosotros, indicando que está cumpliendo (los compromisos) que es una verdadera mentira”, lamentó Alison Ramírez, cuyo esposo falleció tras ser herido en Senkata.

Recalcó que si no fuese por la presión, de las marchas sin comer, de sacarse sangre como protesta, no hubiesen tenido ni siquiera la posibilidad de reunirse con autoridades.

Ramírez denunció que les ponen “trabas” y “trampas” con tal de hacerlos callar y dejen de pedir justicia.

“Hasta la fecha lo único que se han sentenciado responsables es por el caso Golpe. Por la masacre, por asesinato, por homicidio, por ese tipo de hechos que se han cometido contra nosotros directamente las víctimas, no hay justicia, no hay sentenciados”, cuestionó también Joel Villca en Cochabamba.  

Por su parte, Ambrosio Yucra, quien aseveró haber quedado inválido porque le quebraron una pierna, lamentó que lleven dos años y medio peregrinando por justicia. Señaló que para Jeanine Añez no hay cárcel por las masacres, pero sí en el caso “Golpe” le dieron 10 años. 

El viceministro de Justicia, César Siles, que escuchó parte de las intervenciones de las víctimas, se comprometió a reunirse con ellas la siguiente semana.