El vicecanciller de México para América Latina, Maximiliano Reyes, invitó públicamente a la canciller boliviana Karen Longaric a reunirse en un país intermedio, lo más pronto posible, para buscar cerrar el episodio de la controversia sobre el presunto “asedio” a la embajada y residencia mexicana en La Paz.

La autoridad mexicana hizo la invitación a tiempo de recordar lo sucedido con declaraciones y notas diplomáticas en el marco de la controversia generada desde noviembre. En el marco de este impasse, México está pidiendo salvoconductos para personas asiladas en su delegación diplomática, mientras que Bolivia solicita que se entregue a cuatro exautoridades con orden de aprehensión.         

“Quiero abrir un paréntesis para hacer un llamado a la Canciller de Bolivia a que abramos un canal de comunicación directo e incluso personal cuando ella lo estime conveniente, y ojalá sea lo más pronto posible. Y le propongo que incluso nos encontremos en un país intermedio geográficamente, dada la cantidad de trabajo que ambos tenemos y con el propósito fundamental de encontrar una ruta que mediante el diálogo y la diplomacia pueda llegar a cerrar este episodio”, dijo Reyes en conferencia de prensa.

La tensión diplomática entre ambos países alcanzó su punto alto este jueves, cuando el Gobierno mexicano anunció que presentará una denuncia contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, para proteger a su local diplomático ante una eventual intervención de fuerzas de seguridad.

A pesar de la invitación al diálogo, el vicecanciller Reyes ratificó la decisión de su país de acudir a la Corte Internacional de Justicia y dijo que se están construyendo los argumentos para esa presentación.

Al respecto, el consultor jurídico Alejandro Celorio, encargado de explicar los alcances de la denuncia ante la CIJ, señaló que México también solicitará medidas provisionales a la Corte.

Afirmó que la CIJ tiene competencia para establecer si la Convención de Viena establece si Bolivia debe dar seguridad al recinto diplomático pero hostigar al personal mexicano, si Bolivia tiene derecho a revisar el automóvil de funcionarios y si existe algún hecho violatorio al derecho internacional.

“El Estado boliviano tiene la obligación de garantizar la protección la tranquilidad y la dignidad de nuestra embajada en Bolivia”, manifestó.