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Viceministro Silva considera delito sancionable la entrega de pruebas COVID vencidas en Santa Cruz

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que la entrega de pruebas de COVID-19 vencidas que hizo la Gobernación de Santa Cruz se constituye en delito que debe ser sancionado, por lo cual se solicitó informes a los municipios afectados para pasar el caso al Ministerio Público.

“Definitivamente (procede como delito). Poner o entregar estas pruebas con fecha de vencimiento pasada es un riesgo a la salud de la población, es un atentado a la salud pública de la población y por lo tanto amerita la sanción correspondiente”, dijo Silva en entrevista con ERBOL.

La polémica surgió después de denunciarse la entrega de pruebas caducadas a los municipios de San Julián y Cuatro Cañadas. La Gobernación pidió disculpas y anunció una auditoría para identificar a los responsables.

El Viceministro dijo que el delito es atentado a la salud pública y que se debe iniciar el proceso para identificar a los responsables y sancionar.

“Así como hemos estado exigiendo que los medicamentos se vendan en las farmacias tengan registro sanitario, que no compremos de contrabando, etcétera, es que ahora se tiene que exigir con la misma severidad”, consideró.

Señaló que el gobernador cruceño seguramente va a deslindar responsabilidades en otros servidores, pero mencionó que las investigaciones determinarán si Luis Fernando Camacho ha tenido alguna negligencia sobre este tema o algún incumplimiento de deberes.

Sobre el tema, el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que la entrega de pruebas vencidas “constituye un delito contra la salud pública, es un delito orden público”

“En este momento estamos en el proceso de investigación, se han presentado también denuncias por parte de asambleístas nacionales, departamentales y municipales. Este trabajo tiene que concluir determinando cuál es la responsabilidad, pero lo que no es admisible es que se juegue con la salud del pueblo boliviano”, dijo.

Lima señaló que una sanción es el resultado de un proceso penal, “porque puede ser que no sea el gobernador, sino otros actores que hayan realizado este acto que es irresponsable, que va contra la salud de pueblo boliviano”.