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58 instituciones apoyan el veto indígena en temas ambientales
La Paz, 2 Feb (Erbol).- 58 instituciones rechazan la flexibilización de las normas ambientales impulsadas por las autoridades del sector hidrocarburífero, en sentido de que en Bolivia existen cinco amenazas de carácter ambiental que pueden frenar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo, y que “reglamentarán la consulta para demostrar que los pueblos indígenas no tienen derecho al veto”.
El pronunciamiento público pretende evitar la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas a la consulta, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 30, parágrafo II, incisos 15, 16 y 17 de la CPE, garantiza su derecho a la consulta previa obligatoria respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan, así como a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables existentes en su territorio.
Las instituciones que suscriben el pronunciamiento señalan que tratarán de evitar que se quebrante el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos suscritos y ratificados por el país.
El pronunciamiento entregado a la prensa señala que este intento de flexibilizar los recaudos socio-ambientales contradice la voluntad expresa de los bolivianos y bolivianas de proteger el patrimonio natural y cultural del Estado Plurinacional y ponen en tela de juicio las conquistas alcanzadas por las organizaciones sociales y el movimiento ambiental, en las luchas contra los gobiernos neoliberales.
Un pronunciamiento público interinstitucional asegura que estas conquistas quedaron establecidas en la nueva Constitución Política del Estado, CPE, cuyo artículo 299, parágrafo II señala que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, entre las que se encuentran las autonomías indígena originario campesinas, ejercerán la función de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.
El artículo 312, señala que todas las formas de organización económica tienen la obligación de proteger el ambiente.
Según el documento interinstitucional, la administración y preservación de áreas protegidas está también contemplada en la NCPE, como competencia de los diferentes niveles del Estado, toda vez que constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable (artículos 298, 304, 385).
“Si bien coincidimos en que la normativa ambiental no ha sido aplicada en su plenitud, es contradictoria con otras normas y requiere de actualización y complementación en el marco de la Constitución Política del Estado, las modificaciones que se realicen para agilizarla y hacerla más preventiva y coherente, deben responder a un proceso en el que participen todos los bolivianos”, señala el documento.
En el documento, las 58 instituciones expresaron su “desacuerdo con la intención manifiesta de buscar una flexibilización y abrir las puerta de forma irrestricta a la extracción intensiva de los recursos no renovables, sin regulaciones ni recaudos concordantes con las políticas y visiones expresadas en la CPE”, porque “significaría eludir las responsabilidades sociales y ambientales y desconocer los derechos de la madre tierra, dando continuidad a un modelo primario exportador que es duramente cuestionado por el presidente del Estado Plurinacional”.
Según el documento, es necesario comprender que “la dimensión ambiental, así como la social, no son un obstáculo para el desarrollo; sino la garantía para su sostenibilidad, así como para asegurar el vivir bien del pueblo boliviano, principalmente de las actuales y futuras generaciones de las naciones indígenas y originarias”.
Por ello, concluye el pronunciamiento de las 58 instituciones, “llamamos a las autoridades nacionales a reflexionar sobre sus posiciones anticonstitucionales y a superar el falso dilema entre desarrollo y protección ambiental, entendido éste último, como la forma de garantizar la conservación de la base productiva y el buen vivir de la población boliviana”.
