Investigadores dicen que represas del Brasil causaron inundación en Beni

Las represas brasileñas de Jirau y, sobre todo, la de Santo Antonio, que ya trabaja casi a plena capacidad, son una de las causas principales, junto al incremento de las lluvias, de las graves inundaciones ocurridas en febrero y marzo en el departamento del Beni.

Esa fue la denuncia que hicieron en Erbol, Patricia Molina, del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) y Abraham Cuéllar, ex senador del departamento de Pando. Ambos participaron esta semana de un foro sobre el tema, organizado por la Cátedra “Marcelo Quiroga Santa Cruz” de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Las dos represas forman parte del Complejo del Rìo Madera, que a su vez forma parte de la Iniciativa para la Integración de Infraestructura de Sudamérica (IRSA) que actualmente bajo el denominativo de COSIPLAN a la UNASUR. Contempla la construcción de dos represas más, una binacional, la de Riberao, y la de Cachuela Esperanza, en territorio boliviano. Los entrevistados recordaron que el toda represa significa una “pared en un río”.

Los objetivos del Complejo del rìo Madera es producir energía eléctrica para las grandes metrópolis industriales brasileñas y transformar el río Madera en una vía plenamente navegable, a fin de que Brasil pueda llegar más rápidamente con su producción de soya a los puertos del océano Pacífico, y por consiguiente a los mercados asiáticos.
Patricia Molina subrayó que el proyecto es parte del Plan de Aceleramiento para el Crecimiento de Brasil, es decir responde a la planificación del desarrollo del país vecino.  Hoy Bolivia solo sufre las consecuencias.

En 2007, las autoridades bolivianas tomaron conocimiento de que el estudio de evaluación de impacto ambiental de las represas brasileñas advertían que el funcionamiento de las mismas iba a tener consecuencias negativas en nuestro país y que había sido observado por la autoridad brasileña del medio ambiente (IBAMA), la cuál  le negó inicialmente la licencia ambiental al Consorcio constructor de Santo Antonio, a la cabeza de la empresa Odebrecht.
Según informaron Molina y Cuéllar, a pesar de ello el gobierno de Lula Da Silva decidió despedir a los responsables de IBAMA para posesionar a otros funcionarios que sí les concedieron la licencia ambiental.  “Descabezaron el IBAMA”, enfatizó Cuéllar. A partir de ese momento, el proyecto pudo proseguir, tras una decisión eminentemente política y no técnica.

El ex senador Abraham Cuéllar explicó que las graves inundaciones en la amazonia beniana fueron la suma de una temporada de lluvias más copiosa y el inicio de operaciones de las represas. Molina complementó diciendo que Jirau planificó elevar su capacidad de embalse, justo en el momento en que se precipitaron lluvias extremas en la zona peruano-boliviana. Esa confluencia de factores comenzó a inundar la ciudad de Porto Vehlo, capital del estado de Rondonia. Ante ese hecho, el gobierno brasileño instruyó dejar de generar energía, priorizando las operaciones para minimizar la inundación en Porto Velho. Se desconoce las curvas de operación a partir de este año,  información que debe ser requerida por Bolivia de manera inmediata.

Derecho preferente

Patricia Molina, representante de Fobomade, agregó que la empresa brasileña Odebrecht, que construyó Santo Antonio, solicitó el 2004 una licencia preliminar en Bolivia a fin de realizar estudios para la construcción de las represas en territorio boliviano. Con ello hubiera tenido un derecho preferente para construir la de Cachuela Esperanza y la de Riberao, cuya construcción sigue pendiente.

Molina comentó que fue el propio Estado boliviano el que rechazó dicha licencia a Odebrecht, dando cumplimiento al Decreto Supremo 28389 que suspende el otorgamiento de licencias provisionales para realizar estudios de prefactibilidad para centrales hidroeléctricas en los ríos Mamoré/Madera y en el río Beni hasta que se cuente con un estudio de aprovechamiento integral de esta cuencas y con una Política de Aprovechamiento Integral de Cuencas.

Patricia Molina recordó también que el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia contrató a una consultora canadiense, Tecsult para que estudie los posibles impactos de las represas del río Madera sobre Bolivia. Han pasado varios años de aquello y no se conocen lo que sucedió con el contrato de 8.2 millones de dólares. “Parece que en ese estudio se recomienda no construir la represa de Cachuela. No se conoce que pasó con los otros estudios que formaban parte del contrato, como el estudio de los impactos de las represas brasileñas en Bolivia y el del Potencial hidroeléctrico de la cuenca. En todo caso lo que sucedió con el contrato parece ser un secreto de Estado.

Ante la pregunta de si a partir de este año, los bolivianos tendremos que contar con inundaciones anuales de similar magnitud, los entrevistados coincidieron en que es fundamental estudiar en serio el tema para sacar conclusiones. En cuanto a los daños ya causados, Molina planteó la necesidad de que el Estado boliviano presente una demanda contra Brasil en el Tribunal de La Haya.

Por su parte, varias organizaciones orientadas a la defensa del medio ambiente ya han presentado una querella en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que funciona en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA). En lo inmediato, dijo Molina, el gobierno brasileño tendría que revocar la licencia a las dos empresas constructoras de Jirau y Santo Antonio mientras no reparen los daños causados en ambos países.