Brasileña D’Andrea pide declarar ante la Fiscalía sobre el caso Papelbol

El director de la empresa brasileña D´Andrea, Roberto Falascina, solicitó a la Fiscalía del Estado se tomen sus declaraciones sobre el presunto caso de corrupción en la venta de maquinaria y equipamiento de la fábrica Papelbol.

El representante de la factoría, en una publicación de prensa pagada, planteó este viernes la necesidad que la justicia boliviana también escuche a ellos, ya que hasta el momento sólo se intenta “encubrir con argumentos no reales la responsabilidad de las autoridades que gerentaron y gerentan Papelbol y Sedem”.

“Solicitamos como tantas veces lo hicimos a la Fiscalía Boliviana que investiga estos hechos tomen nuestras declaraciones, a fin de contar con la verdad y no se tergiverse los hechos reales y de esta forma la verdad salga a la luz, y se establezca quien o quienes ocasionaron el verdadero daño económico al Estado Boliviano”, indica la nota.

En el proceso iniciado por el gobierno en contra de D´Andrea, las investigaciones señalan que el Estado boliviano pagó por la compra de la fábrica de papel, en la gestión del ex viceministro de la Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado Rivero Peinado, 13.430.656 dólares a la empresa brasileña D’Andrea Agrimport de los 13.571.010 dólares acordados como precio final. Es decir, que el gobierno canceló el 98,97% del total del monto pese a que el avance y el estado de la planta estaban muy retrasados. A la fecha sólo quedaría un saldo de 140.354 dólares y la planta establecida en Villa Tunari, provincia Chapare, Cochabamba, no funciona.

La evaluación técnica elaborada por la empresa Pricewaterhousecoopers revela que el precio real de la fábrica (en las condiciones actuales) asciende a un monto de 6,118.000 de dólares, lo que devela un sobreprecio de 7.453.010 de dólares.

“No se ha entregado todos los equipos, herramientas, materiales y accesorios necesarios para el funcionamiento de la máquina papelera, aspecto que ha sido reconocido por D’Andrea Agrimport en acta del 14 de Octubre de 2010”, señala uno de los documentos referidos a este caso y agrega que “la implementación y montaje de la planta no ha sido finalizado, habiéndose cancelado a D’Andrea 98.97% del total del contrato”.

Defensa de D´Andrea

Roberto Falascina –en su solicitada– asegura que personal calificado de Papelbol recepcionó, verificó y dio su conformidad a los siete envíos de maquinaria realizados por su empresa.

“Toda la maquinaria provista por D´Andrea es nueva, hecho verificable a través de las actas de embarque y recepción posterior en destino Villa Tunari-Cochabamba, donde en ambos lugares estuvieron presentes tanto personal de Papelbol como de nuestra empresa al momento de inspeccionar la maquinaria. También esta aseveración infundada puede ser refutada con los documentos de Aduana Brasileña en Origen y de Recepción por Aduana Boliviana”, añade.

Otro documento al que tuvo acceso Erbol Digital también señala que “no se evidencia la existencia de maquinaria moderna ni de tecnología avanzada, aspecto comprometido en la propuesta de la empresa brasileña y no es posible establecer si la maquinaria es nueva o reacondicionada, conforme estudio realizado por la empresa Pricewaterhousecoopers”.

“D’Andrea Agrimport no ha entregado a la fecha el diseño final de ingeniería que ofertó en su propuesta el año 2007, necesario para las obras industriales y civiles”, indican los papeles referidos a Papelbol.

Falascina señaló que el estudio que realizó Pricewaterhouse y Coopers a petición del Sedem fue unilateral, porque no se dio oportunidad a su empres para que haga los descargos correspondientes.

“El estudio tiene una serie de falencias técnicas debidas a que los profesionales que lo realizaron no cuentan con la experiencia respectiva en la evaluación de fábricas papeleras..La contratación por excepción de Pricewaterhouse y Coopers fue por más de 700.000 bolivianos, ¿será que se cumplieron con las normas básicas de contratación de bienes y servicios para la adjudicación de esta evaluación?”, agrega.

Breve historia del caso

La empresa pública Papelbol se creó durante la gestión de Eduardo Peinado Rivero, en el Viceministerio de la Mediana, Gran Empresa e Industria, mediante Decreto Supremo 29255 de fecha 5 de septiembre de 2007, y se dispuso su instalación en Villa Tunari, provincia Chapare, departamento de Cochabamba.

Entre el 28 y 29 de noviembre de 2007, el Gerente General de Papelbol, Antonio Camberos Bolaños, aprobó el documento base de contratación y autorizó el inicio y prosecución del proceso de contratación directa por excepción de Maquinaria y Equipos destinados a la fábrica de papel.

De forma rápida, el 6 de diciembre de 2007 el Comité de Contratación, conformado por los servidores públicos Ramiro Rodrigo Bracamonte y Germán Sainz Salvatierra, recomendaron la contratación de la única empresa evaluada D’Andrea Agrimport Importacao e Comercio Ltda. Se cristalizó la adjudicación a la empresa señalada al día siguiente, 7 de diciembre de 2007, mediante resolución administrativa No 005/2007.

Un mes después, el 7 de enero de 2008, el Gerente de Papelbol y el representante legal de la empresa brasileña, Roberto Falascina, suscribieron el contrato administrativo que consideraba la provisión de maquinaria, instalación y montaje, puesta en marcha y capacitación de los operadores de una máquina para la fabricación de papel de escritura e impresión, papel prensa y papel kraft, con una capacidad de producción de 100 toneladas día.

El contrato fijó un plazo de 14 meses calendario para la instalación y funcionamiento de la fábrica. Es decir que la empresa debería haber comenzado a funcionar el 7 de marzo de 2009, hace tres años.

El monto fijado fue de 13.571.010 dólares y a la fecha prácticamente están perdidos porque la maquinaria entregada por la empresa brasileña no funciona y se tiene certeza si es nueva o reciclada.

Según los papeles a los que tuvo acceso Erbol Digital, la fecha en que se firmó el contrato no se contaba con la infraestructura necesaria previa en Villa Tunari (galpones, tanques, almacenes, vías internas, talleres).

“No había ni servicios complementarios (electricidad, agua, gas, abastecimientos, plan de manejo ambiental). Además, la empresa D’Andrea Agrimport se dedicaba a la importación, exportación y comercio de máquinas agrícolas e industriales no teniendo especificado el rubro de instalación y montaje de máquinas para la fábrica de papel”, señalan los papeles oficiales referidos a Papelbol.

Roberto Falascina –como descargo- añade: “y al momento en que nuestra empresa fue prohibida de ingresar a los predios de la fábrica de Papelbol en diciembre de 2010, se encontraban inconclusas las obras civiles y faltaba la provisión de gas industrial, energía eléctrica industiral, planta de tratamiento de aguas y finalmente materia prima entre otros elementos indispensables para que la fábrica funcione”

Según la imputación formal presentada por el fiscal Félix Peralta, Peinado y sus colaboradores cometieron los delitos de Uso indebido de influencias (Artículo 146 del Código Penal), Incumplimiento de deberes (Artículo 154 Código Penal), Conducta Antieconómica (Artículo 224 del Código Penal), cuyas penas oscilan entre dos a ocho años de cárcel.

“En mérito a la imputación formal que antecede y de conformidad con lo establecido en los artículos 240 del Código de Procedimiento Penal, solicito a su autoridad (juez) la aplicación de DETENCIÓN PREVENTIVA”, solicitó el Fiscal el 4 de marzo de 2011 y fundamentó su petición argumentando que hay “riesgo de fuga y obstaculización.

La Paz, 16 noviembre 2012 - A.P.V./