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El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bonny Morales, informó hoy que el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) sigue proceso penal a más de 50 empresas constructoras, vendedores de terrenos y comités de vivienda, que defraudaron al programa por unos Bs3 millones.
“Tenemos más de 50 procesos ya en vías de ejecución, de eso hay más de 35 (procesos) que regularmente se los está atendiendo, y todavía tendrán sus tiempos y plazos en lograr substanciarse en los juzgados”, manifestó Morales a Erbol.
El funcionario explicó que muchos procesos datan de 2007 y 2008, aunque la mayoría se instaló durante las gestiones 2012 y 2013 debido al mayor control del Estado.
“El Estado ha sido mucho más claro con aquellas empresas y personas que han vendido terrenos, y que todavía no se daban cuenta de que el Estado es responsable de sus bienes y que no va a perder”, manifestó.
El secretario de Organización de la Central Obrera Boliviana (COB), Nicanor Baltazar, informó a Erbol que a partir de la fecha coordinarán con el Viceministerio de Vivienda “para que ya no se haga por separado las adjudicaciones” y así “evitar este tipo de denuncias”.
“A partir de las negociaciones que se han llevado en esta gestión, va haber una comisión de la COB que va a participar en la adquisición de viviendas para los trabajadores”, manifestó el dirigente. Actualmente la Agencia Estatal de Vivienda (AEV) lleva adelante la contrucción de casas en reemplazo de la PVS.
Baltazar indicó que tomarán todas las previsiones necesarias para evitar, como dirigentes, caer en las “trampas de los loteadores y empresas constructoras que engañan”.
Pidió la pena más drástica para los funcionarios que estén involucrados en los más de 50 procesos señalados por Morales. “Si han engañando al Estado, tienen que ser castigados severamente de acuerdo a ley”, apuntó.
Agregó que el PVS está en proceso de liquidación y que “todos los casos pendientes quedarán como procesos”.
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