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Los ministerios de Minería, Gobierno y Defensa, junto a la Fiscalía General del Estado, decidieron coordinar acciones para luchar contra el avasallamiento en los centros mineros y aplicar la Ley 367, que sanciona la toma ilegal de áreas constituidas, con hasta ocho años de prisión.
El ministro de Minería, César Navarro, anunció en conferencia de prensa que se ha decidido llevar adelante un trabajo de coordinación en defensa de los derechos de los titulares de las áreas mineras en el país. “Vamos a identificar individualmente a los instigadores, organizadores y a los avasalladores”, sostuvo.
La Ley 367 del 1 de mayo de 2013 establece privación de libertad de cuatro a ocho años en caso de avasallamiento en áreas mineras y también en el caso de explotación ilegal de recursos minerales. También hay cárcel de tres a seis años para los que vendan o compren recursos minerales producto de avasallamiento o de explotación ilegal.
“Ninguna persona puede vender mineral robado, ni de un área avasallada y, ninguna empresa comercializadora o ningún ingenio legalmente establecido en el país puede comprar mineral que no sea de un titular que tenga el derecho para tener esta actividad minera”, advirtió la autoridad.
Explicó que la tarea inicial será identificar territorialmente el área avasallada, en coordinación con el Ministerio Público, para luego aprehender a los instigadores y avasalladores de minas. De hecho, también se confiscarán las maquinarias de los avasalladores y el mineral producto de ese acto ilegal.
El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) tiene la instrucción de sancionar a los compradores de oro y complejos como: la plata, plomo y zinc, de Oruro, La Paz y Potosí, que no cuenten con el respaldo de documentos del yacimiento adjudicado legalmente.
Navarro dijo que se conoce que algunas comunidades comienzan a organizarse para avasallar yacimientos. Según el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, hay varios procesos abiertos sobre este tipo de casos en las fiscalías de La Paz y Oruro.
El pasado 12 de mayo, comunarios de Ananea tomaron a dinamitazos la mina aurífera Rosario, que pertenece a las cooperativas en Tacocoma, provincia Larecaja de La Paz. Tras un enfrentamiento entre cooperativistas y comunarios, los mineros huyeron y el hecho dejó heridos y dos desaparecidos, que luego fueron encontrados.
Otro conflicto que sigue latente por avasallamiento es el caso de Colquiri, la falta de claridad en los límites sobre sus áreas de trabajo hace que asalariados y cooperativistas se disputen algunos niveles en interior mina.
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