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El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) denunció este martes que la señora Martha Gómez, quien se atribuye la dirigencia de presidenta de la Confederación de Microempresarios y Comerciantes Contribuyentes al Estado en el Régimen General de Bolivia (COMAPESBO), que junto a otras personas están instigando públicamente a los contribuyentes a no cumplir con lo que manda la Ley en relación a sus obligaciones tributarias, señala una nota de prensa de esa institución.
La Administración Tributaria denunció que Gómez, junto a otras personas, atropelló las instalaciones de la Gerencia Distrital Oruro, causando graves daños y destrozos en ellas, ocasionando daños en la cortina metálica que resguarda la puerta principal de Impuestos Nacionales y deteriorando con pintura e inscripciones el frontis y la fachada de la Institución.
El aspecto más negativo fue que este grupo de personas agredió verbalmente a los servidores públicos de la institución y no permitió que los contribuyentes ingresen a la institución para realizar sus gestiones.
Ante estos actos de vandalismo, señala la nota, Impuestos Nacionales está demandando a las instancias correspondientes iniciar una exhaustiva investigación penal y procesar a los cabecillas e incitadores de estos delitos preliminarmente tipificados como daño contra los bienes del Estado, daño calificado, perturbación a la función pública, instigación pública a no pagar tributos, amenazas, asociación delictuosa y otros.
La conducta de la señora Gómez y de otras personas referidas precedentemente, señala el SIN, atenta contra el cumplimiento de lo establecido en el Código Tributario Boliviano y la Ley Nº 843, lo que se tipifica como un delito y debería ser sancionado legalmente.
El Presidente Ejecutivo del SIN, Erik Ariñez Bazán, aseguró este miércoles que la Administración Tributaria continuará controlando la correcta emisión de facturas en todo el país, en estricto cumplimiento de la Ley.
Ariñez explicó que ese Fallo Constitucional, que está siendo plenamente acatado por el SIN, establece únicamente la suspensión de las clausuras definitivas e instruye que la Asamblea Legislativa Plurinacional elabore un procedimiento para ejecutar las clausuras.
Actualmente, la sanción (clausura del establecimiento) se está ejecutando luego de un procedimiento que da oportunidad para que el contribuyente presente pruebas de descargo.
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