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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escuchó el jueves durante una audiencia pública a supuestas víctimas de masacres y torturas a pueblos indígenas mayas de Guatemala entre los años 1981 y 1986.
El caso se relaciona con una serie de masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y violaciones en contra de miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas, en el marco del conflicto armado interno que vivió esa nación.
La indígena y supuesta víctima, Juana García De Paz, indicó en su intervención ante los jueces que hasta la fecha el Estado de Guatemala no ha resuelto los casos.
"No solamente fui yo la que sufrió, muchas personas quedaron sin alimento, sin animales y sin familia. Fue muy duro porque nos quitaron todo con lo que trabajábamos. Yo sufrí mucho y tuve que vivir la muerte de mis hijos y esposo, vivimos lágrimas y sangre", dijo García.
"Por eso lo que pido hoy es justicia para los pueblos indígenas, porque hemos tenido que soportar todo esto 30 años", afirmó García De Paz.
La demanda interpuesta ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que son 32 personas torturadas y masacradas el 8 de enero de 1982, y otras 39 torturadas y ejecutadas extrajudicialmente en diversos operativos militares en Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal entre 1981 y 1986.
Además, ocho personas fueron desaparecidas y habrían sido vistas por última vez bajo la custodia de agentes estatales y hasta la fecha no se conoce su paradero.
Según la Comisión, todas estas personas tenían la cualidad de ser civiles y se encontraban en estado de indefensión al momento de su detención, tortura y ejecución.
El presidente de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y representante del Estado de Guatemala, Víctor Hugo Godoy, explicó a Efe que el Estado ya ha reconocido los hechos.
"El Estado ha hecho un reconocimiento de los hechos en el año 2011, pero eso también implica que hay que hacer las acciones para que aquellos sean sancionados y en eso hemos fallado. Lo que he traído hoy es una propuesta para examinar eso que ha fallado", comentó Godoy.
Tras la audiencia de hoy las partes involucradas tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito ante la CorteIDH y luego los jueces dictarán un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido.
La CorteIDH forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los Estados. (EFE)
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