Enjuician a socialista Cristina Fernández por corrupción

El juez federal Julián Ercolini dio por "acreditado", para los requerimientos de un proceso penal y no de un juicio, que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los otros hoy por él procesados "habrían formado parte de una asociación (...) destinada a cometer delitos".

De acuerdo con el magistrado, la asociación ilícita "habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015" y estaba destinada no sólo a cometer delitos sino también "para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

Los argumentos del juez toman como punto de partida la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en base a la denuncia formulada el 26 de abril pasado por las actuales autoridades de Vialidad Nacional pero remite también a la acusación original que ocho años atrás había formulado un grupo de diputados de la Coalición Cívica liderados por Elisa Carrió.

Ya en 2008 Carrió había denunciado a la entonces presidenta y a su difunto esposo de asociación ilícita junto con empresarios y funcionarios que trasladaron de la provincia de Santa Cruz a la Capital Federal para ocupar cargos en el Gobierno nacional.

Según Ercolini, todas las personas a las quél procesó hoy por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada "habrían perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que en función de las atribuciones otorgadas por la Constitución Nacional, leyes y decretos, respectivamente, se encontraban bajo la órbita de su responsabilidad, con el fin de procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Antonio Báez".

El magistrado recordó que Cristina Fernández era la "jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país" durante ocho de los doce años investigados mientras que el ex ministro de Planificación Julio De Vido no apuntó, con su favoritismo a Báez, a un "equilibrio" en el "desarrollo geográfico regional que consolide el federalismo".

"También habría omitido controlar la actividad de las dependencias que se encontraban bajo la órbita del ministerio a su cargo, función que le era inherente en razón de sus competencias funcionales", expresó en su resolución el juez respecto de De Vido.

Ercolini sostuvo que Báez "habría realizado un aporte imprescindible en los hechos atribuidos a sus consortes de causa, al haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquélla los fondos del Estado nacional que fueron asignados a la obra pública vial" durante mayo de 2003 y diciembre de 2015.

De acuerdo con el magistrado, los ex funcionarios procesados (los "consortes" de causa) "le habrían procurado" a Báez "un lucro indebido al asignarle -de forma irregular- la mayoría de las obras viales contratadas en esa provincia".

El juez describió luego en su resolución "la conversión formal" de Báez en "empresario de la construccion para luego ser insertado en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura del Estado".

"A tal fin, pocos días antes de que Néstor Carlos Kirchner asumiera la presidencia de la Nación, el 8 de mayo de 2003, Báez, junto con dos socios -Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti- formó la firma Austral Construcciones S.A.", recordó Ercolini.

Renglón seguido, el magistrado destacó que, "en pos de levar adelante las maniobras del plan primigenio", Néstor Kirchner "montó la estructura institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz, a las que ubicó en cargos estratégicos".

"Dicha estructura fue mantenida por Fernández tras asumir la presidencia de la Nación con fecha 10 de diciembre de 2007", agregó el magistrado, quien necesitó de casi 800 páginas para disponer los procesamientos de la ex presidenta, Báez y sus ex funcionarios como De Vido y José López, el detenido ex secretario de Obras Públicas.

EMBARGO DE 630 MILLONES DE DOLARES

El juez Julián Ercolini procesó y embargó en $ 10.000 millones (unos 630 millones de dólares) a Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. La medida alcanza a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo del ex presidente), además de otras ex autoridades de Vialidad Nacional y Provincial. El procesamiento también se dictaminó sobre el empresario K favorecido con U$S 3.300 (valor actualizado) en contratos viales.

En el marco de la causa que investiga una matriz de corrupción en la obra pública y lo que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques calificaron como un “plan criminal” para favorecer a Báez, preso hace ocho meses, el juez Ercolini avanzó con el procesamiento de Cristina Kirchner por "asociación ilícita" como principal autoridad del gobierno que según la auditoría de Vialidad Nacional, fue favorecido con 52 contratos que en un 50 % quedaron inconclusos pero que cobró con sobreprecios por encima del 65 %.

El embargo de $ 10.000 millones recae sobre la ex Presidenta. También por la misma suma sobre Julio De Vido, José López, Nelson Periotti (ex director de Vialidad), Carlos Kirchner, el empresario K Lázaro Báez. Otros funcionarios de menor rango fueron embargos en sumas menores.

Citando los argumentos de Pollicita, el Juez señala que la ex Presidenta, De Vido, López, Carlos Kirchner, y las autoridades nacionales y provinciales de Vialidad, habrían "formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

Asimismo, el Magistrado consideró que este dinámica habría "perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional" con el fin de procurar "un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Báez".

TOMADO DE EL CLARIN