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Acortar el plazo para la inhabilitación de candidatos, anular el veto a legisladores para candidaturas en elecciones subnacionales, eliminar la cancelación de la personería jurídica de partidos que publiquen encuestas, obligar a postulantes a asistir a los debates, prohibir que autoridades en ejercicio hagan campaña en elecciones que no les corresponde, devolver el financiamiento a partidos políticos y hasta poner uniformados en recintos electorales, son algunas propuestas que lanzaron políticos para reformar la normativa electoral boliviana.
1. El plazo para la inhabilitación de candidatos
El senador por Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, propuso que el plazo para la inhabilitación de candidatos esté vigente hasta que se impriman las papeletas.
La actual Ley del Régimen Electoral (026) dispone que se pueda pedir la inhabilitación de postulantes hasta 72 horas antes de las elecciones.
En los últimos comicios subnacionales, se eliminó a 228 candidatos de UD en Beni a nueve días de las elecciones y los ciudadanos tuvieron que votar en papeletas con errores. Asimismo, la inhabilitación de un candidato en el municipio de Belén de Andamarca en Oruro se oficializó recién a 48 horas del día de la votación.
Esa incertidumbre fue criticada por la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Faltando algunos días, algunos candidatos no tenían la seguridad de poder participar. Eso generó confusión en los votantes”, señaló el organismo internacional, por lo que sugirió establecer “tiempos razonables” como plazos para la remoción de postulantes.
2. Anular el veto a legisladores (Circular 071/2014)
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ignacio Soruco, planteó que se permita a diputados y senadores candidatear en municipios y cargos regionales, lo cual fue prohibido por la circular 071/2014 del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Dicha circular se basó en un artículo de la Constitución Política del Estado (CPE) el cual dispone que para ser candidatos se debe residir los dos años anteriores a las elecciones en la región correspondiente. El TSE decidió que los legisladores no cumplían ese requisito, pero sí sus suplentes.
Para el exsenador Eduardo Maldonado, afectado por la circular, la determinación del TSE fue discrecional. En ese sentido, Soruco propuso que la Asamblea legisle esos detalles para que no existan “cambios en el camino”.
3. Eliminar la cancelación de la personería jurídica de partidos que publiquen encuestas
La personería de UD fue cancelada porque su jefe de campaña publicó una encuesta no autorizada. Esa sanción está en el artículo 136 de la Ley 026. Para Samuel Doria Medina, esa disposición es una aberración jurídica.
Rodríguez afirmó que ese artículo vulnera la CPE porque limita los derechos políticos.
Recordó que la Carta Magna dispone que sólo se pueden restringir estos derechos en tres casos: por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra; por defraudación de recursos públicos; y por traición a la patria. Explicó que ninguno de los 228 candidatos de UD afectados vulneró estos preceptos.
4. Obligar a postulantes a asistir a los debates
Eduardo Maldonado planteó que los candidatos deben ser obligados a asistir a debates. “No puede ser que la ciudadanía acuda a elegir sin saber a ciencia cierta cuál es el parecer de quienes optan por los cargos electivos en una confrontación de ideas”, argumentó.
Durante la campaña de 2014, el candidato Evo Morales se negó a asistir a los foros y debates a los que fue invitado.
5. Prohibir que autoridades en ejercicio hagan campaña
Además, Maldonado propuso que las autoridades nacionales en ejercicio no puedan realizar campaña electoral en elecciones de entidades autónomas. Precisó que “ese es el caso del Presidente y el Vicepresidente que no deberían inmiscuirse”.
Durante el último proceso electoral, tanto Evo Morales como Álvaro García Linera participaron activamente de la campaña en actos públicos, su imagen estuvo en spots televisivos y llamaron a votar por sus candidatos e incluso amenazaron con no trabajar con opositores electos.
En cuanto a incorporar en la legislación la renuncia del Presidente que se postule a la reelección, el expresidente de la Corte Nacional Electoral, Salvador Romero, indicó que en la mayoría de los países latinoamericanos no se obliga a renunciar al Primer Mandatario, pero “sí hay un esfuerzo significativo para garantizar de manera más efectiva la equidad en la competencia política cuando el Presidente va a la reelección”.
6. Devolver el financiamiento a partidos políticos
El senador Rodríguez planteó restituir en la legislación que los partidos políticos reciban financiamiento estatal para sus campañas electorales.
“El Estado debe garantizar que todas las fuerzas políticas tengan todas las mismas condiciones, competencias y para eso se debe buscar un mecanismo donde los partidos tengan los mismos recurso económicos que los partidos en función de gobierno”, señaló.
Al respecto, Romero indicó que una fórmula para buscar el equilibrio entre partidos es la financiación estatal. Recordó que sólo dos países en América Latina no dan dinero a las organizaciones políticas: Bolivia y Venezuela.
7. Uniformados en recintos electorales
Rodríguez pidió que por Ley por lo menos un policía o militar custodie los recintos electorales. Argumentó que en el norte de Potosí no existen garantías para que los partidos opositores realicen el control electoral.
Denunció que en algunos recintos de esta región se sacó violentamente, “a patadas”, a delegados de partidos opositores.
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