Política
La Defensoría espera justicia en La Haya
Los tratados desiguales no podrán tener ningún efecto


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Lunes, 4 Mayo, 2015 - 18:59

La Defensoría del Pueblo recordó hoy, a propósito de la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya,  la “Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos”, suscrita en Argel el 4 de julio de 1976, que señala: “Todos los tratados, acuerdos o contratos desiguales, suscritos despreciando derechos fundamentales de los pueblos, no podrán tener ningún efecto”.

 

En un boletín de prensa, señaló que hace votos para que los miembros de La haya “reciban los alegatos nacionales y los analicen a la luz de los principios de justicia e igualdad y actúen conforme a las proclamas universales que buscan la construcción de un mundo de personas y países iguales en dignidad y derechos”.

 

Según la Defensoría, la demanda boliviana, sostenida durante más de 130 años, no sólo se sustenta en argumentos jurídicos y de derecho, sino que contiene el principio de la justicia y la igualdad de los pueblos y las naciones proclamados en instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

 

“El derecho inalienable de los pueblos y las naciones al desarrollo y el progreso, además del goce de los recursos materiales que poseen en su territorio, no pueden ser afectados por las agresiones y la violencia de otros Estados, siendo una obligación de la comunidad internacional, extremar todos los esfuerzos para restituir los derechos y mitigar las afectaciones a los pueblos, bajo el principio que las guerras de invasión no pueden otorgar derechos a los agresores”, subraya.

 

Además, la Defensoría se adhirió a la exhortación del  Presidente de izar la bandera boliviana y la bandera azul que representan la demanda marítima, durante la semana de los alegatos orales que empieza hoy entre Chile y Bolivia, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Amsterdam, Holanda.

 

La Defensoría del Pueblo expresó también su apoyo incondicional y militante a las gestiones que realizan las autoridades del gobierno nacional ante La Haya, para hacer prevalecer los derechos del pueblo y el Estado boliviano a un acceso útil y soberano al Océano Pacífico a través de una solución justa y pacífica, en el ámbito de la normativa internacional reconocida por la mayoría de los pueblos del mundo.

 

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