Proyecto de Ley de Armas propone 14 tipos penales
El proyecto de Ley de Armas, analizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y los ministerios de Defensa y Gobierno, crea 14 nuevas figuras penales. Establece que los pobladores de zonas fronterizas no deban portar pistolas, fusiles o elementos parecidos e instaura un régimen de control especial al interior de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA).
Según el presidente de la Comisión de Gobierno, Policía, Fuerzas Armadas y Seguridad del Estado, René Martínez, esta norma tendrá un carácter “integral” porque espera garantizar el control de todos los aspectos referidos a la producción, traslado y venta de armas.
“Va a tener los niveles de clasificación desde toda la cadena productiva sobre el tema de armas, entendiendo que la instancia mayor, suprema, reguladora sobre política de armas es el nivel nacional y los titulares ministeriales (Defensa y Gobierno) subordinan a dos instituciones importantes que en materia constitucional están en el resguardo del orden interno así como la integridad y la soberanía territorial”, apuntó.
El documento señala que los ministerios del área subordinarán a las instancias competentes para regular el armamento que portan los uniformados castrenses y de las fuerzas del orden, además busca contrarrestar el tráfico y negocio de pertrechos ligado al narcotráfico y otros ilícitos.
La presidenta de la Cámara Alta, Gabriela Montaño, dijo que las características de la norma buscan precautelar no solo a las armas de fuego, sino municiones y explosivos, como complemento a los Decretos Supremos emitidos hasta el momento. También crea nuevos tipos penales.
“Es una norma que establece toda la normativa para la fabricación, importación, transporte de armas de fuego, es una norma bastante amplia y por primera vez define tipos penales en relación al tráfico ilícito de armas y otros”, manifestó Montaño.
En la parte central de la propuesta se contemplan 14 nuevos delitos, entre los que se hallan el tráfico, fabricación ilícita y robo. Las sanciones están fijadas entre 10 a 15 años de cárcel en el caso de existir importación ilegal, almacenamiento o traspaso de estos artefactos.
