Página 7: Veto publicitario afecta libertad de expresión

Un editorial del periódico Página Siete señala que el Gobierno aplica un mecanismo de “premio y castigo” a medios de comunicación que son críticos con su gestión y que afecta directamente a la libertad de prensa. 

En su página de opinión cuestiona la última declaración del vicepresidente Álvaro García Linera, quien afirmó que no existe veto publicitario y dio la razón a los argumentos esgrimidos por la ministra de Comunicación, Amanda Dávila sobre el tema. 

“No hay cómo negar que el Gobierno utiliza un sistema de “premio y castigo” a los medios de comunicación con la entrega o no de recursos estatales como forma de publicidad. ¿A quién se castiga? A los medios que son críticos con la línea gubernamental. Es una forma de afectar la libertad de prensa”, señala. 

El editorial 

El vicepresidente Álvaro García Linera ha hecho una declaración polémica. Ha señalado que “no existe veto publicitario” del Gobierno contra medios de comunicación social. 

Un buen número de medios de comunicación en Bolivia no recibe del Estado un solo dólar de publicidad (en esa lista está Página Siete, por ejemplo, además de medios como ERBOL o radio Fides) y las razones esgrimidas por las autoridades para ello no son ni transparentes ni legales ni éticas. 

El Vicepresidente recordó que la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, “explicó el tema en su momento” en referencia a que existen algunos criterios que definen la entrega de los recursos del Estado. 

“La ministra de Comunicación ya dio su criterio. No hay veto a nadie. Hay unos criterios técnicos y profesionales para diferenciar la presencia de la publicidad estatal en función de receptividad e influencia de los medios”, señaló. 

Entre los criterios esgrimidos por Dávila para que los medios reciban publicidad de las entidades gubernamentales están “la entrega de información veraz”, que afectaría a ERBOL y, suponemos, a Fides, y que “el trabajo de los medios debe estar de acuerdo con los intereses nacionales”, que marginaría a Página Siete.

Claramente esos criterios no se sustentan en la realidad. ERBOL es más creíble que muchos otros medios que reciben toneladas de publicidad del Gobierno. En el caso de Página Siete es falso, como se ha demostrado tantas veces, que “no esté acorde a los intereses nacionales”. Por el contrario, siempre ha defendido esos intereses, específicamente los referidos a la demanda marítima. 

En un caso paralelo, La Razón, un diario que algunos analistas consideran relacionado al oficialismo, ha sido acusado recientemente nada menos que de entregar secretos a un tercer país, justamente en el tema marítimo, el más sensible de los asuntos de las relaciones internacionales bolivianas. 

Si el Ejecutivo cree que eso es así, entonces ese diario paceño claramente cae en la categoría señalada por la ministra, pero ello no ha impedido que se siga favoreciendo con contratos de publicidad estatal. 

Por lo tanto, las categorías mencionadas por Dávila son falsas o acomodaticias a los intereses del Gobierno. Así que no hay cómo negar que el Gobierno utiliza un sistema de “premio y castigo” a los medios de comunicación con la entrega o no de recursos estatales como forma de publicidad. ¿A quién se castiga? A los medios que son críticos con la línea gubernamental. Es una forma de afectar la libertad de prensa”.