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El informe sobre Bolivia, que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aborda en su 70ª Asamblea en Chile, dice que la regulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para los últimos comicios limitó la expresión de propuestas de opositores y se mostró flexible con la campaña del Gobierno y las entregas de obras del Presidente.
“La regulación de mensajes políticos ha respondido a un interés de limitar la expresión de ideas y propuestas de partidos opositores, mientras se ha mostrado ampliamente flexible con las campañas del gobierno y la actuación del Jefe de Estado durante la entrega de obras públicas en el país”, dice el texto.
El documento agrega que “mientras el oficialismo vino difundiendo ideología y propaganda desde 2005, en una campaña proselitista permanente, el Tribunal Supremo Electoral impidió que la oposición, dispersa por problemas propios, tuviera el tiempo suficiente para difundir sus programas y propuestas. La norma oficial dispuso que la campaña en sí misma fuera sólo desde los 30 días previos a las elecciones generales del 12 de octubre”.
Asimismo, el informe sostiene que algunos miembros del TSE son seguidores de Evo Morales. “La imparcialidad de la institución responsable de dirigir los comicios ha quedado en duda”, sostiene.
En este sentido, el informe concluye que “el reciente proceso electoral fue una muestra fotográfica de la fragilidad de las libertades constitucionales frente a un poder político que restringe derechos tan elementales como la libertad de expresar y proponer ideas, debatir propuestas y difundir el pensamiento de personas, agrupaciones sociales y partidos políticos de oposición”.
Los medios estatales
La SIP afirma que “el gobierno continúa con la creación de una red de medios estatales y progubernamentales que compiten con los medios privados”.
“Fortaleció la red de televisión Bolivia TV y la radio Patria Nueva con la creación de una red de radios indígenas y con la compra de acciones en medios privados transformándolos en medios paraestatales, como es el caso de algunos periódicos y canales de TV. Estos medios estatales reciben publicidad oficial en detrimento de los medios privados”, asevera.
En cuanto al canal estatal, la Sociedad recuerda que el canal estatal no transmitió los debates organizados por la Asociación de Periodistas de La Paz.
“El caso del canal estatal puso en evidencia una conducta de desprecio total hacia la opinión pública, cuando la ministra de Comunicación justificó la ausencia de ese medio en la transmisión del debate entre candidatos presidenciales alegando “desconocer” quién o quiénes definen su política, siendo que ella es quien preside el directorio de esa empresa”, añade.
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