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La Cancillería de Bolivia emitió un comunicado en el que lamenta y rechaza la “Declaración Pública” emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, en fecha 18 de junio de 2016, dado que se constata una vez más la intención del Gobierno de Chile de continuar limitando el derecho al libre tránsito del que debería gozar Bolivia, como una pobre compensación por el cercenamiento de más de 400 kilómetros de costa sobre el océano Pacífico y más de 120.000 kilómetros cuadrados.
"Todas estas acciones del gobierno de Chile van en desmedro del comercio exterior boliviano, afectan la economía y limitan las posibilidades de desarrollo del pueblo de Bolivia", se lee en el comunicado.
Al respecto, en consideración con cada una de las argumentaciones de la señalada Declaración se manifiesta lo siguiente:
1.- Debemos recordar una vez más al gobierno de Chile que el artículo VI del Tratado de Paz y Amistad de 1904 firmado entre Bolivia y Chile establece que “…Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. Ambos Gobiernos acordarán, en actos especiales, la reglamentación conveniente para asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales, los propósitos arriba expresados”.
Estas obligaciones fueron reglamentadas por acuerdos complementarios como son: Convención de Tráfico Comercial de 1912, Convención sobre Tránsito de 1937, Declaración de Arica de 1953, Acta de Cochabamba de 1995, acta de Viña de Mar de 1996 entre otros.
En ese contexto el derecho de Bolivia es del más amplio y libre tránsito irrestricto, perpetuo, no reciproco por el territorio chileno y sus puertos en el Pacífico, para personas y toda clase de carga, en todo tiempo y circunstancias, sin excepción alguna, exenta de reconocimiento interior por parte de las autoridades chilenas y pago de almacenaje, siendo además la carga de ultramar de exclusiva jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas.
Cualquier acción o inacción del gobierno de Chile que limite este libre tránsito irrestricto, atenta contra la normativa vigente en la materia. Bolivia identifica claramente como una limitación al libre tránsito comprometido por Chile, la falta de inversiones en los puertos de Arica y Antofagasta, así como en las carreteras de acceso y demás infraestructura logística. Ante la falta de inversiones Bolivia ha solicitado en varias oportunidades la posibilidad de concurrir con inversiones conjuntas, sin embargo, el gobierno de Chile prohíbe las inversiones bolivianas y otorga condiciones monopólicas a empresas como la TPA en Arica o ATI en Antofagasta las mismas que priorizan el lucro sobre las necesidades de inversión. Solamente TPA generó utilidades que superan los treinta millones de dólares según el Estado de Resultados de la gestión 2015 y no satisfechos con esto últimamente pretenden incrementar en más de 10% sus tarifas de forma unilateral y en pleno incumplimiento a los compromisos de Chile.
Tanto el puerto de Arica como el puerto de Antofagasta, han sido concesionados de forma unilateral a empresas privadas que lucran con la injusta situación de un enclaustramiento marítimo impuesto al pueblo boliviano, priorizando la generación de ganancias, antes que la inversión necesaria para asegurar el más amplio y Libre Tránsito que el gobierno de Chile tiene comprometido de manera perpetua a Bolivia.
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