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El jefe de Bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Cámara de Diputados, Gonzalo Barrientos, pidió al presidente Evo Morales que aclare los decretos supremos que emitió para rescindir un contrato y luego restablecerlo con la empresa brasileña Queiroz Galvao, investigada dentro del caso por presuntos sobornos.
De acuerdo con el opositor, Morales y su gabinete firmaron en septiembre de 2007 el Decreto 29275, en el cual se ordena una auditoria integral relativa a los contratos suscritos con la empresa contratista Queiroz Galvao, por presunto daño económico.
Esto ocurrió después de que la Administradora Boliviana de Carreteras rompió el contrato la empresa brasileña encargada de construir un tramo de la carretera Potosí-Tarija, tras advertir defectos en la obra.
Sin embargo, en 2008 el gabinete y Morales firmaron el Decreto 29515 que restablece el contrato con Queiroz Galvao, anulando el Decreto anterior que ordenaba la auditoría.
Barrientos calificó de gravísimo eso acto del Gobierno, puesto que se “borró con el codo” un Decreto que hablaba de irregularidades de la empresa brasileña.
Señaló que el tema se agrava porque después la Queiroz Galvao subrogó el contrato a la empresa OAS para que termine la obra. “El primero que tiene que aclarar es Evo Morales”, recalcó.
El 10 de mayo la presidenta de la Comisión Mixta que investiga el caso de presuntos sobornos, Susana Rivero, aseguró que se había ampliado sus pesquisas a varias empresas incluyendo Queiroz Galvao y OAS.
Barrientos calificó de ridículo que Rivero investigue a Queiroz Galvao, puesto que tendría que convocarse a ella misma a testificar, dado que era ministra cuando se firmó los decretos concernientes a esa empresa.
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