Atacan a Mesa por pago de $us50 mil y favores a Andrade

La Procuraduría General del Estado cuestionó  este jueves un pago de 50 mil dólares con fondos de gastos reservados, a favor de la exalcaldesa de La Paz Lupe Andrade, otorgado en la gestión del expresidente Carlos Mesa, en virtud de un acuerdo suscrito con el entonces canciller Juan Ignacio Siles del Valle, el 22 de diciembre de 2004.

El procurador Héctor Arce compareció ante el Tribunal de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia celebrada en San Juan de Costa Rica, donde debió asumir defensa del Estado, ante la denuncia de violación a los derechos humanos planteada por Lupe Andrade, en los procesos penales instaurados en su contra por la Alcaldía de La Paz.

Arce presentó como uno de sus argumentos de defensa, la prueba documental y testifical del pago irregular a Andrade, mismo que habría sido realizado dentro un procedimiento “no autorizado y  poco transparente”, según un boletín de esa entidad. Erbol envío consultas a su cuenta personal de twitter para conocer la opinión del expresidente, sin haber tenido respuesta alguna.   

Asimismo dijo que Lupe Andrade, dentro de los procesos penales, tuvo acceso a procedimientos de tutela efectiva de derechos, rápidos y expeditos, así como a otro tipo de medidas acordes a estándares interamericanos que le permitieron evitar en la mayoría de los casos la detención preventiva.

La Procuraduría en su comunicado de prensa, pone énfasis a que en el gobierno del expresidente Carlos Mesa Gisbert se realizaron compromisos irresponsables, comprometiendo a jueces bolivianos a un acuerdo para favorecer a Lupe Andrade, quien fue procesada por varios hechos de corrupción, suscitados  durante su paso por el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz.

“Lamentablemente, este acuerdo suscrito de manera inconsulta por el Gobierno de Carlos Mesa Gisbert, sin que existiera ley, decreto, resolución o norma mínima que lo autorice, desconoce las bases fundamentales sobre las cuales se asienta el Estado Democrático y la Institucionalidad republicana en relación a la independencia judicial”, declaró según una nota oficial de prensa.

En la audiencia pública, el Procurador  informó también que la Alcaldía de La Paz inició procesos penales contra ex concejales, ex alcaldes y ex servidores públicos por graves hechos de corrupción que se dieron entre los años 1998 y 2000.

A lo largo de la audiencia, el equipo jurídico boliviano demostró que Lupe Andrade, dentro de los procesos penales, tuvo acceso a procedimientos de tutela efectiva de derechos, rápidos y expeditos, así como a otro tipo de medidas acordes a estándares interamericanos que le permitieron evitar en la mayoría de los casos la detención preventiva.

Este caso, como otros expuestos ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, es sometido a la Corte por presuntas violaciones de derechos en la tramitación de procesos penales; sin embargo, dicho caso en particular tiene que ver con juicios penales por graves hechos de corrupción.

Denunció que en Bolivia, muchas personas culpables de hechos delictivos desarrollan estrategias para burlar la acción de la justicia, dilatando los procedimientos con el fin de evadir las condenas.

“Lamentablemente, en el procedimiento penal boliviano, muchas veces son las propias partes procesadas las que impulsan una serie de incidentes dilatorios que buscan demorar los procesos, muchas veces bajo la inconcebible estrategia de lograr que se extingan por el paso del tiempo, y de esta manera evadir una responsabilidad penal, que saben muy bien los procesados”, dice Arce según su comunicado.