- 678 lecturas
El expresidente Carlos Mesa afirmó que el caso Quiborax es una flagrante “acción canalla” de un Gobierno con funcionarios cómplices de una empresa “pirata” a la cual le regalaron 42,6 millones de dólares.
Mesa está investigado y puede ser llevado a juicio de responsabilidades, por su Decreto Supremo con el cual expulsó a Quiborax de su concesión para explotar ulexita en el Salar de Uyuni. Según la acusación, el expresidente habría cometido ilegalidades para esa decisión y eso le costó al país los 42,6 millones en indemnización, previo un arbitraje internacional.
El exmandatario manifestó, mediante un artículo publicado en su blog, que la defensa del Estado en ese caso fue vergonzosa. Aseveró que de la “manera más descarada” funcionarios de Gobierno tratan de endilgarle la pérdida de ese dinero.
“Es difícil encontrar un caso más flagrante de la acción canalla de un gobierno y unos funcionarios que cometieron delitos de complicidad con una empresa extranjera”, dijo.
Según Mesa, el argumento principal de la acusación en su contra es que en el Decreto Supremo uso la figura de “revocar”, cuando debió utilizar el término de anular.
Justificó que haya usado “revocar” bajo el argumento de que esa figura jurídica correspondía cuando haya vicios en actos administrativos. Asimismo, señaló que la Superintendencia de Minas “anuló” las concesiones de Quiborax lo cual subsanaría el presunto error del Decreto.
El Gobierno también acusa a Mesa porque no realizó auditorías previas para sustentar la expulsión de Quiborax. Al respecto, el vocero de la causa marítima explicó que hubo “bloqueo expreso por parte de la empresa auditada que se negó a proveer la información solicitada, o que simple y llanamente cerró sus puertas a los funcionarios de gobierno”.
Sin embargo, Mesa señaló que las auditorías no eran necesarias porque “la anulación se hizo al comprobarse la ilegalidad absoluta de las concesiones”.
- 678 lecturas
