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El vicepresidente Álvaro García Linera, tras la denuncia de presunto “tráfico de influencias” en un contrato de servicios de catering con la estatal Boliviana de Aviación (BoA) por 18 millones de bolivianos, manifestó que el mismo fue legal, pero que no acompaña su discurso.
“Si bien reconocemos que hay un trámite legal, sin embargo, ese trámite legal y ese derecho al trabajo que le asiste a mi familiar no acompaña el discurso que hemos reivindicado nosotros (…) No puede, no debe haber ningún familiar del Vicepresidente y del Presidente ejerciendo alguna función pública ni teniendo ningún tipo de contrato con el Estado”, afirmó.
Por tanto, decidió que la empresa de aviación estatal rescinda el contrato millonario con la esposa de su hermano Mauricio García Linera, arguyendo que desconocía el trato de servicio denunciado por los legisladores de la oposición.
El denunciante Arturo Murillo argumentó que la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz califica el caso como delito de corrupción, en el artículo 150.
La autoridad gubernamental justificó que la empresa AIR Catering, de su familiar en segundo grado, no fue constituida recientemente sino ya “funciona hace más de un año”, es decir desde el 2013, además que concurrió a una licitación pública.
García ante la pregunta de ¿si hay coherencia ante un capital de arranque de 140.000 bolivianos para adjudicarse un contrato de 18 millones de bolivianos? Se molestó y respondió: “haber señorita infórmese primero bien, no es contrato fijo, no es un contrato de 18, ni de cinco, ni tres, ni de 30 (millones de bolivianos; sino) es un contrato de servicios por petición. Entonces su pregunta ya está exagerando”.
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