En Bolivia se ha naturalizado el ejercicio de la violencia en las demandas sociales

(Claudia Soruco)

El artículo 10 de la Constitución Política del Estado en su primer inciso establece que “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo (…)”. Sin embargo, no existe una política pública específica en gestión de conflictos que permita ejercer los mecanismos para enfrentar estos hechos oportunamente y evitar que se generen repercusiones violentas, establecen autoridades y expertos.

“No hay una política clara ni nítida de la gestión de conflictos, hay una ausencia muy notoria en el país. Hay que tener conocimiento de los métodos y de todos lo que significa la gestión de conflictos y en Bolivia nos hace falta trabajar mucho en el nivel del Estado, en el nivel de las instituciones de la sociedad civil, hace falta difundir y tener encuentros para analizar y no solamente desde un punto de vista político”, explica el Director Ejecutivo de la Fundación UNIR Bolivia, Antonio Aramayo. 

Esta gestión y políticas deben incluir, entre muchos aspectos, recursos humanos capacitados en el manejo e intervención en áreas o momentos de conflictividad y con la legitimidad y objetividad necesarias, de acuerdo a la opinión de Alejandro Nato, abogado y procurador argentino, especialista en conflictos públicos. “Es fundamental contar con recursos humanos formados y predispuestos a trabajar en el ámbito social comunitario y es importante su perfil, la experiencia para poder ser capacitados. Hay que formar actores sociales barriales, del territorio y de los lugares donde se van a predisponer espacios para atender la conflictividad y es central el bagaje de legitimidad que tienen esas personas allá en su territorio”. 

Estos actores sociales deben tener como su fundamento la cultura de paz, de acuerdo a los expertos. Es decir, garantizar la vigencia y respeto de los derechos humanos individuales y colectivos, la democracia representativa y participativa, un orden económico justo y equitativo que posibilite el desarrollo humano sostenible. 

En esa línea, el Viceministro de Autonomías, Hugo Siles, afirma que se debe impulsar y fortalecer la capacitación en las instancias estatales, primordialmente subnacionales, para el manejo y gestión de los conflictos. Siendo que muchas veces su entidad interviene en la mediación, pese a que la tuición de esos conflictos corresponde a otras instancias. “Sin duda que desde los diferentes niveles del Estado existen áreas de conflictos, como oficinas de alerta temprana y atención ciudadana. Ellas tienen como responsabilidad participar en la resolución de conflictos, pero su actuación es regular. Muchas veces el conflicto excede su capacidad. Por ello hay que incorporar capacitación en resolución de conflictos para fortalecer a las instancias del Estado, principalmente a las subnacionales”. 

Urgen políticas de gestión de conflictos

Por todo ello, en Bolivia urgen políticas públicas, logística y recursos humanos aptos para la gestión en  conflictos, siendo que en diferentes sectores se han naturalizado las demandas con el ejercicio de la violencia como medida de presión para obtener resultados, lo que deriva en afectaciones y daños incluso humanos, así lo establecen autoridades y expertos en el área. 

Ningún Estado puede estar exento de los conflictos; sin embargo, su particularidad se encuentra en el grado de gestión y manejo que se tenga para su resolución y posteriores acuerdos.

“El conflicto es un hecho social, que no es bueno ni malo, pero va a estar presente en la humanidad. Tiene diferentes características pero en la medida en que sepamos manejar y gestionar esos conflictos puede dar más bien lugar a avances y a hacer realidad una de las grandes propuestas de la Constitución y es la cultura de paz, donde podamos encontrarnos, discutir, debatir, deliberar y encontrar soluciones entendiendo al otro”, agrega Aramayo. 

Al hablar de conflictos, se determina que éstos se generan en tres niveles: Micro, suscitados al interior de las personas y entre ellas;  meso, aquellos surgidos en la sociedad dentro de cada Estado y macro, referidos a conflictos entre los estados y naciones. 

En lo que refiere a conflictos dentro del Estado boliviano, la Fundación UNIR Bolivia con apoyo de Suecia Sverige, estableció que sólo en marzo de 2018 se generaron 102 conflictos,  81% nuevos y 19% que arrastran desde meses anteriores; esta cifra fue superior a las registradas en los últimos 120 días.

#ConflictosBo Durante marzo registramos 102 conflictos sociales en el país, lo que confirma la tendencia creciente de los últimos meses pic.twitter.com/ydU7fTh0TQ

— UNIR Bolivia (@UNIRBolivia) 19 de abril de 2018

El 29% de dichos conflictos han estado relacionados con la gestión institucional, sobre todo del sector público, 18% con la situación y medidas económicas que se adoptan y 14% con demandas salariales. Los sectores demandantes en su mayoría son los vecinales y comunales con un 18% y el área educativa con 16%. 

En el 2017 se  registraron  984 conflictos en diferentes puntos de Bolivia. Esta elevada cifra llama la atención de las autoridades. El asambleísta por La Paz de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Edwin Herrera, considera importante resolver los conflictos a tiempo para evitar llegar a la violencia. 

“Lo primero es tener la convicción de que se debe resolver el tema de conflictos de manera franca, democrática y con voluntad política. Si uno no tiene vocación democrática no se puede hacer mucho. En Bolivia se ha generado todo un armazón que en lugar de resolver la conflictividad tiende a atizar el fuego con soluciones parciales y con eso, a la larga, la gente va a estar en esa suerte de pedagogía social de que a través del conflicto va a resolver sus demandas”

Al estallar el conflicto, existen diferentes consecuencias y derivaciones; por ejemplo, de los registrados en el mes de marzo, seis llegaron a enfrentamientos con fuerzas del orden, tres en enfrentamientos entre sectores de la sociedad, ocho en tomas de instalaciones, seis personas fueron detenidas y hubo 42 heridos.

Activación ante manifestaciones sintomáticas

La gestión en conflictos establece la activación de políticas y el despliegue de recursos en el momento en que se gestan manifestaciones sintomáticas que alerten de un conflicto, por ejemplo de orden municipal, manifiesta Nato. 

“Por ello, se recomienda que ante manifestaciones sintomáticas de conflictos, se generen dispositivos que permitan atender la conflictividad social, institucionalizarlos e incorporarlos dentro del esquema municipal, capacitar actores, tener un ámbito de atención y predisponer de recursos necesarios para que estos mediadores tengan difusión y legitimidad necesarias para resolver y transformar a tiempo los conflictos”. 

Para el municipalista Iván Arias, los conflictos en Bolivia a nivel de las entidades subnacionales son permanentes en las áreas de límites pero sobre todo de insatisfacción de los sectores como resultado de los altos grados de corrupción “El municipio es el mejor lugar para comprobar cómo los recursos se han invertido. Es una verdad lacerante que en la práctica municipal haya conflictos de diferentes matices”. 

Ante esta problemática en los municipios, es fundamental intervenir antes de que se generen mayores riesgos en el desarrollo del conflicto, pero fundamentalmente, y como lo recalca Aramayo, es hacer prevalecer la cultura de paz “Para establecer una política pública de gestión de conflictos se necesita varios factores, uno en cuanto a la capacitación de profesionales, pero fundamentalmente la propuesta de una cultura de paz que se establezca a través de una serie de mecanismos que permitan que la gente comience a entender que la violencia no nos lleva a nada”.