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El senador Arturo Murillo denunció este martes que ocho cocaleros condenados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el asesinato de tres policías en la localidad de Epizana, fueron liberados por el Tribunal 4to de Sentencia del distrito judicial de Cochabamba.
La sentencia fue pronunciada el 25 de junio de 2010 y se encuentra en grado de apelación restringida desde esa fecha, pidiendo se revise su condena por el triple linchamiento de policías el 26 de febrero de 2008.
El Tribunal basó su condena en las pruebas que ofreció la Fiscalía, ya que habían suficientes elementos para sostener que los acusados instigaron a la turba y participaron en el horroroso final de los policías, que murieron tras ser ahorcados, golpeados y quemados, explicó Murillo.
Sin embargo, el 24 de abril de 2012, los jueces Henry Maida García y Mirtha Montaño Torrico les otorgaron medidas sustitutivas por fianza económica a unos cuantos; mientras, Jesús Camacho Córdova y Sara Fuentes Coca les dieron medidas sustitutivas al resto de los condenados, con la agravante que ni siquiera notificaron a la Fiscalía de Cochabamba.
Esos mismos operadores de justicia emitieron un mandamiento de libertad ordenando al director de la cárcel de Abra ponerlos en libertad. Murillo sostuvo que los sentenciados son Zenón Soria Orellana, Juan Rodríguez Ledezma, Trifon Huayllani Pizarro, Crescencio Jiménez Balderrama, Santiago Jiménez Olmos, Félix Zapata Torrico, Ángel Cossío Álvarez y Nicolás Rojas Calvi que fueron encarcelados en el penal del Abra, con 30 años de prisión sin derecho a indulto.
El pasado 21 de marzo, el senador Murillo envió una carta al Fiscal General, Ramiro Guerrero, pidiendo procesar a los operadores de la justicia involucrados en el caso y pidió al presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, realizar la auditoría inmediata de los procesos irregulares.
El legislador pidió que los operadores de la justicia expliquen de cómo y por qué les dieron las medidas sustitutivas a los sentenciados sin derecho a indulto, cuando existen presos políticos como el exprefecto Leopoldo Fernández, Zvonko Matkovic involucrado en presunto terrorismo y otros que están encarcelados sin sentencia; incluso el exsenador Roger Pinto tuvo que morir en el exilio, lejos de su patria y su familia, a consecuencia de la persecución política-judicial.
“Mandamos (la solicitud) al Fiscal General para que instruya de inmediato la acción penal correspondiente contra los jueces que dictaminaron la libertad de los condenados; interponer los recursos necesarios hasta sanear los vicios de nulidad en el procedimiento, anular las actuaciones ilegales y encarcelar a los liberados”, indicó.
Agregó que también remitieron una carta al Presidente del Consejo de la Magistratura para que instruya la suspensión de los jueces, porque es inconcebible que la justicia actué “bajo el zapato del poder político”, libere a cocaleros condenados y solamente persiga a los ciudadanos que no comulgan con el régimen.
“Esta es una muestra clara de la injerencia del poder político, la justicia y el Ministerio Público están embarrados con casos de corrupción, la liberación de presos con antecedentes delincuenciales y la persecución de políticos”, enfatizó.
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