Gobernación del Beni procesará a Suárez por dos delitos

Los secretarios de Justicia y Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Alejandro Yuja y Mauro Hurtado, respectivamente, en conferencia de prensa anunciaron el inicio de un nuevo proceso judicial contra Ernesto Suárez por los supuestos delitos de uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, después que se realizara una investigación en las planillas de funcionamiento, inversión y consultoría, donde Suárez y su familia acaparaban 56.324 bolivianos en sueldos mensuales de la Gobernación del Beni.

"El señor Ernesto Suárez tenía un sueldo como  prefecto y gobernador, y su esposa Ingrid Nanet Aponte Seoane, ganaba un sueldo de directora del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), desde el 2006 hasta el 2015, siendo una funcionaria responsable de todos sus actos, corroborados en la Contraloría General del Estado. No bastando, el señor Ernesto Suárez Sattori lo de sus esposa, lo tenía a su hermano: Carlos Suárez Sattori en el cargo de Asesor Especializado de Despacho del Gobernador, sin tener la debida formación académica, de la misma manera el señor Carlos Suárez tenía su esposa Joise Roca, tenía un sueldo de Jefa de Unidad de asistencia y familia del SEDEGES, igualmente su cuñado, Lander Ortiz, trabajando como director de Fortalecimiento Municipal", denunció el secretario de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Mauro Hurtado.

De la misma manera denunciaron a la prima de Ernesto Suárez, de nombre Claudia Andrea Suárez en el cargo de Directora de Planificación Estratégica, con un sueldo de Bs. 10.912, y al señor Daniel Aponte Seoane, cuñado de Ernesto Suárez, en el cargo de consultor en línea ganado un sueldo mensual de Bs. 8.500 y su sobrino, Luís Miguel Orsi Aponte con un sueldo de 4.000 en el cargo de Técnico Administrativo.

Hurtado acusó de responsable a Ernesto Suárez de colocar a su esposa y sus familiares en la función pública que el mismo dirigía y que ahora tiene que responder ante la justicia.

La Constitución Política del Estado en su artículo 2:36 establece que "Queda terminante prohibido que una alta autoridad designe a su entorno familiar en cargo público en la misma entidad que pertenece", afirmó Hurtado.

Siete familiares de la exautoridad departamental acumulaban un salario mensual de 56.324 bolivianos, afirmó Hurtado.

"Ernesto Suárez vivió, él y su entorno familiar, de la función pública y de la política", agregó el titular de Transparencia al dejar en claro que la denuncia no es una persecución política.