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Un enfrentamiento entre vecinos y autoridades por la detención de dos personas acusadas de avasallamiento por el Ministerio Público en Riberalta, derivó anoche en la toma parcial de las instalaciones de la Fiscalía, dejando seis policías heridos por poyectiles de piedra y dos menores edad asfixiados por efecto de agentes químicos.
El hecho se produjo este miércoles al caer la noche, cuando los fiscales de materia asignados al caso Javier Riber y Lili Dayana Yorge, ordenaron la aprehensión de Ezequiel Rodríguez Racua y Deisy García por la presunta comisión del delito de avasallamiento y amenazas a denuncia de Julio Cesar Lens, supuesto propietario de los predios.
Los presuntos vecinos que tomaron el terreno en disputa, se volcaron hacia la Fiscalía e impidieron la entrada, salida de fiscales y funcionarios con el fin de impedir que los aprehendidos fueran llevados a celdas policiales y de ahí ante un juez cautelar.
Luego de tres horas de impedir el trabajo de la fiscalía, los manifestantes intentaron ingresar a las instalaciones para rescatar a los detenidos, lo cual derivó en enfrentamientos, donde los efectivos policiales resultaron heridos por el ataque de los vecinos enardecidos.
Ante el descontrol, los policías de Riberalta pidieron refuerzo a su vecina de Guayaramerín, que llegó con un contingente y procedió a dispersar con agentes químicos, lo que agravó el enfrentamiento con los manifestantes, según reporta el digital Noti-Riber de Marco Melgar.
En medio del desconcierto, la Policía trasladó a los aprehendidos a la carceleta pública, donde aguardarán las medidas cautelares previstas para las próximas horas. Consecuencia de la gasificación, una menor fue trasladada al Materno Infantil, donde el médico de turno Javier Ortiz informó que se encuentra fuera de peligro.
De acuerdo al despacho de prensa, los manifestantes no descartan más movilizaciones contra Julio Cesar Lens propietario de los terrenos avasallados y la senadora Argene Simoni de Vargas (MAS), que según los manifestantes, ella estaría promoviendo la supuesta persecución.
Tras dispersar a la turba, la Policía retomó el control de las oficinas de la fiscalía y custodiaba las instalaciones con refuerzo de los soldados del Ejército.
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