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Al menos cuatro familias de la comunidad Pongo Queñuani, del municipio Caracollo en Oruro, sufrieron el despojo de sus casas, tierras, sembradío y ganado, debido al avasallamiento violento que sufrieron de parte de comunarios y agro-mineros de la región de Hampaturi, de la provincia Inquisivi de La Paz, reportó radio Pío XII de la Red ERBOL.
“Están sacando a las familias, le están dando horas (de plazo para salir), tres a cuatro familias ya están alejando. ¿Dónde van a vivir?”, lamentó la exviceministra de Justicia Originaria, Isabel Ortega, quien es comunaria de Pongo Queñuani.
La agresión, derivada de un conflicto de límites, comenzó la anterior semana. Entonces, Ortega denunció que los habitantes de Hampaturi quemaron casas, forrajes y amenazaron con dinamita.
El fiscal Rolando Riveros informó que en el lugar verificó la quema de tres casas, forraje y recibió denuncias de agresión psicológica y física, además de de tenencia de explosivos.
Ortega aseveró que en las últimas horas tres tractores y unas 300 personas han ingresado a la región orureña para el proceso de rotulación de tierra.
“La familia Lira no puede sacar sus ganados. El Ministerio de Autonomías que escuche pues, de una vez. ¿Qué pasa con el Ministro? ¿A dónde vamos a llegar? Tanto trauma, el vandalismo está corriendo aquí en Pongo Queñuani”, lamentó entre sollozos la exviceministra.
Al respecto, el dirigente minero del distrito de Colquiri, en la provincia Inquisivi, Severino Estallani, desmintió que los paceños hayan quemado viviendas y usado dinamita, reportó el periodista William Delgado.
Asimismo, Estallani criticó a Ortega y la responsable de Límites de la Gobernación de Oruro, Yamile Gutiérrez, por supuestamente “satanizar” a los habitantes de Inquisivi con las denuncias.
Tanto él, como el alcalde de Colquiri, Juan Carlos Guzmán, sostuvieron que un periódico orureño informó mal sobre los acontecimientos. Incluso, el burgomaestre aseveró que publicaron fotos erróneas.
El fiscal Riveros indicó que mientras hacía la verificación del daño había vigilancia en motocicleta de pobladores de la comunidad paceña.
Al momento de retirarse del lugar, el representante del Ministerio Público fue comunicado de que los comunarios del lado paceño habían conminado a los de Oruro a dejar de trabajar en la zona y se retiren.
Recordó que, cuando se iba alejando, los agresores bajaron hacia el lado orureño “de una manera agresiva, amenazando con hondas”.
Ortega reiteró su pedido de que el Ministerio de Autonomías interceda en el conflicto. “Los niños están traumados ya no quieren ir al colegio”, exclamó.
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