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El proceso judicial de orden privado abierto contra una periodista de Santa Cruz, no acabó gracias a los efectos de la Ley de Imprenta, sino porque la acción penal iniciada por el afectado prescribió, debido que el juicio sobrepasó el límite del tiempo procesal, incluso de la máxima pena estipulada para los delitos de calumnia y difamación.
El juez Octavo de Sentencia de la Casa Judicial de la Pampa de la Isla, Johnny Zenteno, explicó a los periodistas que su determinación está apegada al procedimiento penal, pero aclaró que está abierta la vía de juzgamiento por los mismos delitos a la periodista Yolanda Limpias, pero ya no en la vía ordinaria, sino en base a la Ley de Imprenta.
Zenteno aclaró que decidió mantener el proceso abierto durante el tiempo que permitió la parte demandada, porque la Ley de Imprenta en su artículo 27, señala que los delitos de calumnia e injuria contra particulares quedan sujetos a la penalidad del Código y pertenece a tribunales ordinarios.
El proceso fue iniciado hace seis años y la abogada defensora, Éricka Oroza, presentó incidente de prescripción en razón de tiempo, y lo que el juez resolvió fue el incidente, tomando en cuenta que incluso la máxima sanción estipulada en el Código Penal es tres años de prisión, misma que fue superada en tiempo por el proceso.
El delito por difamación que afecta a la reputación de una persona individual o colectiva, es sancionado con la prestación de trabajo de un mes a un año o multa de 20 a 240 días; y de calumnia, que consiste en imputar a otro falsamente la comisión de un delito, es sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años y multa de100 a 300 días.
Una vez pronunciada la resolución del juez que dispuso la prescripción y archivo de obrados, el afectado tiene tres días para apelar el fallo, o alternativamente, esperar que transcurra el plazo hasta que la resolución del juez adquiera autoridad de cosa juzgada, y recién inicie un proceso ante un Tribunal de Imprenta.
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