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Cinco funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron enviados a la cárcel con detención preventiva, acusados de irregularidades en la adjudicación a la empresa Drillmec para la compra de tres equipos de perforación.
Los cinco servidores fueron parte del Comité de Licitación que favoreció a la empresa italiana en la contratación por 148 millones de dólares. Ellos están acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
Los detenidos son: el Director interino de Operaciones de Perforación, Bigmarck Serrano Parada, el Gerente de Perforación Corporativa, David Pérez, además de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos Martin, Gizel Siles Roca y Julio Kjari Nina.
Se dispuso la detención preventiva de cuatro de los imputados en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, excepto para Kjari que fue remitido al penal de San Pedro de La Paz.
De acuerdo a los antecedentes del caso, el 12 de agosto de 2016, YPFB publicó una convocatoria para el proceso de adquisición de tres equipos de perforación bajo la modalidad de ofertas, sin embargo el 1 de septiembre de 2016 efectuó enmiendas a las especificaciones técnicas requeridas en el Documento Base de Contratación (DBC), las cuales fueron aprobadas por Pérez y refrendadas por Serrano.
El fiscal Ramiro Terrazas sostuvo que el 8 de noviembre de 2016, mediante Informe de Evaluación y Recomendación Final, el Comité de Licitación concluyó que la empresa Drillmec cumplió con los aspectos administrativo-económico, legal y técnico, requeridos por el DBC.
Luego se invitó a la empresa que presente los documentos para la formalización de la contratación, a fin de que la Unidad Jurídica proceda a la revisión minuciosa de la documentación original y pase a la fase de la elaboración del contrato, sin embargo Drillmec no tenía todos los papeles requiridos.
“Una vez que pasa a la Unidad Jurídica también se evidencia el accionar irregular de los abogados Kjari, Bustos y Siles ya que la empresa no cumplió con lo requerido por el DBC, porque no se constituye el Documento de Constitución de la Empresa, ni tampoco en un documento equivalente”, apuntó Terrazas.
En ese marco, el fiscal aseguró que la Unidad Jurídica tenía la obligación de observar dicha documentación previa a la elaboración del contrato por parte de Kjari, por lo que se evidencian acciones y omisiones durante el proceso de licitación, concertación, elaboración y firma del contrato.
(CON INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA)
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