Seguridad
Conclusiones de la Cumbre de Sucre
Evo envía leyes contra la mora judicial y malos abogados
Presidente Morales acelera cambios en la justicia. Foto/Erbol

Martes, 3 Enero, 2017 - 11:30

El presidente Evo Morales envió este martes cuatro proyectos de ley a la Asamblea Legislativa destinado a luchar contra la corrupción, la retardación de justicia, transparentar la gestión en las entidades del Órgano Judicial y endurecer las sanciones contra el ejercicio de la abogacía.

El primer proyecto de ley es para crear una comisión de seguimiento de las conclusiones de la cumbre que será conformado los presidentes de las dos cámaras legislativas, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente del Consejo de la Magistratura, Fiscal General del Estado, Ministerio de Justicia, de Gobierno, Procurador del Estado y un representante del sistema universitario.

El segundo es la Ley Básica de Conciliación Ciudadana Municipal, otro proyecto de ley es de modificación a La Ley del Ejercicio de la Abogacía, y el cuarto es la modificación del Código de Procedimiento Penal, considerado el más importante para mejorar la justicia boliviana.  

Sobre este último el presidente Morales precisó que se trata de simplificar el plazo en seis procedimientos penales. En los casos complejos de crímenes, un juicio debería durar 1 año y podrá extenderse seis meses con el fin de acabar la retardación de justicia.

Para procesos sobre delitos comunes, duración máxima del proceso de 1 año y posibilidad de extenderse dos meses; para casos especiales de violencia contra las mujeres, el juicio deberá acabarse en seis meses o extenderse por un mes más y si delito fuera cometido en flagrancia el agresor debe ser sentenciado en 90 días. 

En el caso de faltas, el proceso deberá durar cinco días desde la solicitud. Los procedimientos abreviados serán admitidos si la sanción de privación de libertad no supera los tres años y el procedimiento de doble conformidad, las sentencias ejecutoriadas tiene la finalidad de ejecutar la justa resolución del conflicto y garantizar la correcta aplicación de la ley.

SANCIONES CONTRA ABOGADOS

En las modificaciones a la Ley de la Abogacía, se plantea a la Asamblea endurecer las sanciones.

Para casos de infracciones leves, multa de dos a seis salarios mínimos; para infracciones graves, suspensión de la matrícula profesional de 1 a 12 meses y multa de 12 a 7 salarios mínimos; para infracciones gravísimas, suspensión de la matrícula profesional de 2 a 5 años y multa de 10 salarios.

Para el caso de abogados reincidentes en infracciones gravísimas, suspensión de la matrícula profesional de 6 a 10 años. “Siento que así vamos a disciplinar internamente”, indicó.

Recordó que dentro las conclusiones de la cumbre de justicia, está también la recategorización de las infracciones penales en crímenes, delitos y faltas, aplicación de medidas alternativas a la detención preventiva como manillas electrónicas, retención de documentos de viaje, arraigo, prohibición de comunicación y contacto, fianza real y personal, detención domiciliaria.  

Se hace énfasis en la especialización de fiscales y policías para investigar el delito con estabilidad dentro del proceso y no cambiarlos en cualquier momento. También está previsto la incorporación de mecanismos preventivos, protectivos y de resolución pacífica de conflictos.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Dentro los objetivos estratégicos en la lucha contra la corrupción justicia y transparentar la gestión de las instituciones de la justicia, está la incorporación del agente encubierto para investigar delitos de corrupción,  

Asimismo se incorporará el video grabación como prueba válida para delitos de corrupción porque algunos extorsionados filman o graban pero no vale como prueba. Ahora toda grabación y filmación será una prueba de corrupción, advirtió.

También se autorizará la verificación del patrimonio de servidores públicos y familiares para evitar la figura de los “palos blancos”, implementar el sistema de consultas en línea sobre el estado de las causas y la implementación de la lista de servidores de justicia sancionados por hechos de corrupción.

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