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Rafael Ortiz, responsable nacional de Inspectoría de la Dirección General de Migración, informó hoy que durante la gestión pasada registraron 196 casos de posibles víctimas de trata y tráfico de personas y de ellas sólo dos llegaron hasta procesos penales.
“Lamentablemente muy pocos casos se han judicializado, muy pocos se llegaron a constituir en procesos penales contra las personas, porque en su mayoría, las presuntas víctimas no denuncian al perpetrador de este delito. Muy poco, muy poco, de los 196 casos, deben ser 2 que han llegado a la justicia”, dijo Ortiz, en declaraciones a ERBOL.
Agregó que en su mayoría estos casos estuvieron vinculados a ciudadanos extranjeros y no necesariamente a bolivianos. Asimismo, la mayoría de las posibles víctimas son personas mayores de edad.
“Las presuntas víctimas que nosotros hemos encontrado en diferentes operativos interinstitucionales o intrainsticionales son de nacionalidades nepalí, senegalés, vienen de países africanos, asiáticos”, sostuvo.
Estas personas en su mayoría fueron encontradas en hospedajes, en buses y cuando intentaban pasar por puntos fronterizos no habilitados.
“Ese es el procedimiento típico que los tratantes para internar a estas personas al país. Inicialmente ingresan a estas posibles víctimas por Ecuador, luego pasan por Perú y a Bolivia a través de Desaguadero, después las llevan hacia Argentina u otros países donde puedan ser víctima de explotación laboral”, apuntó.
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